Horror judicial

Hay controversia sobre las funciones del estado. Esa es, de hecho, una de las discusiones transversales de la filosofía política y su respuesta define en buena medida la ubicación en el espectro ideológico. Hay consenso, sin embargo, en que el estado debe cumplir con al menos dos tareas básicas: procurar seguridad y justicia.Aun con problemas, la seguridad se ha recuperado. En cambio la justicia es un desastre. Ha sido desde siempre lenta hasta la exasperación, innecesariamente formalista, ineficaz para la sanción del delito. Hoy, sin embargo, la situación es peor, tan mala que la calificación ciudadana a la administración de justicia es la misma que se da al Congreso.Las razones para el deterioro son varias, entre ellas la percepción de corrupción, el cruce de favores, el clientelismo judicial, las peleas entre las altas cortes y entre la Fiscalía y los organismos de control, y una terrible inseguridad jurídica que genera un pertinaz sensación de incertidumbre entre los ciudadanos. Pero hay dos factores adicionales que hacen un enorme daño: la judicialización de la política, en la que el sistema judicial se usa para perseguir a los contradictores, y, la otra cara de la moneda, la politización de la justicia, que abandona su pretensión de neutralidad (“la justicia es ciega”) y toma partido, a veces de manera descarada.El resultado es que al menos un sector sustantivo de la población ha concluido que el aparato judicial no le da garantías. Más aun, está convencido de que lo persigue en razón de su militancia política.La condena a Andrés Felipe Arias por delitos inexistentes es una muestra. La Corte Suprema reconoce que Arias no se robó un solo peso. Pero sostiene que hubo celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales porque se contrató sin licitación al Iica, un órgano de la OEA, cosa que habían hecho más de un centenar de veces los anteriores ministros de Agricultura. Cosa curiosa, la Suprema no ordena la investigación de ninguno de los otros ministros que en el pasado hicieron exactamente lo mismo. Dice también que hubo peculado a favor de terceros, que serían grandes productores agrícolas vallunos y costeños. Pero no tuvo en cuenta que el programa Agro Ingreso Seguro sumó un billón 450 mil millones de pesos en tres años y que el subprograma de riego y drenaje, por el cual condena a Arias porque según la Corte beneficiaba a los ricos, cubrió 25.519 medianos y pequeños productores y solo a 40 de los grandes, por un valor de algo más de diez mil millones de pesos, el 0,007% de todo el AIS. No lo digo yo, sino Juan Camilo Restrepo, de cuya probidad no hay duda alguna. La Corte, como mínimo, si fuera verdad que, como sostiene, el programa beneficiaba a los ricos (falso, como se ha visto), persigue una política y no un delito. Pero si además, como quedó probado, Arias no decidía quienes eran los beneficiarios, que los mismos dijeron, con alguna excepción, que no conocían al ex ministro, y que los que subdividieron los predios están libres, y en cambio él ha sido condenado a 17 años, parece claro que fueron contra Arias por ser quien es y no contra una conducta delictual. Y si se además se sabe que la Corte hizo la audiencia de imputación de cargos en un teatro y no en una sala de audiencias, que pagó un aviso en un diario nacional para anunciar la lectura de la sentencia y la transmitieron en directo por TV y que, en cambio, cuando la defensa y el ex ministro quisieron presentar sus pruebas no se permitió televisión, queda en evidencia la naturaleza mediática y política de la decisión judicial.¡Y mientras tanto, se declara inocente al director de la agencia de noticias de las Farc!