Gaviria y la guerrilla

Gaviria y la guerrilla

Abril 05, 2015 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

Fue mi profesor en la especialización en derecho constitucional en la Universidad Javeriana. En clase, las discrepancias fueron muchas, pero siempre respetuosas. Al final del curso me dio la máxima calificación, aunque mi ensayo construía una argumentación abierta y absolutamente contraria a la suya en materia del alcance de los derechos de las poblaciones indígenas. Ese era su talante.Así que esta columna se escribe desde el respeto al maestro. Las críticas que aquí expreso no son contra él, sino contra algunas de sus ideas que, creo, tanto mal han hecho en nuestro país. En particular una, aquella en la cual defendía el “crimen altruista”, el delito cometido por quien se levanta en armas contra el Estado, y su tratamiento benevolente. Si bien es una tradición propia del derecho colombiano, que desde siempre ha establecido la figura del tratamiento preferencial para el delito político y la posibilidad de amnistías e indultos para quienes lo cometen, Gaviria fue mucho más allá.En efecto, en su salvamente de voto de la sentencia C-456 de 1977, el entonces magistrado defendió que los homicidios y otros delitos cometidos por la guerrilla en combate no fueran penados. En su lógica, asesinar policías o soldados en combate era de la naturaleza de quien combatía contra el Estado y debían quedar subsumidos bajo el delito de rebelión. Buena parte de su argumentación se basaba en una interpretación equivocada del derecho internacional humanitario, interpretación que olvida que el DIH establece de manera expresa que “no podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de menoscabar… la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado”. Gaviria cometía otro gravísimo error jurídico: confundía el combatiente típico de los conflictos armados internacionales, con el rebelde del derecho interno, y pretendía para los rebeldes el tratamiento de los combatientes: “En el contexto del derecho interno, el rebelde es homólogo del combatiente”, dijo. No es poca cosa: a los combatientes los estados que los capturan no pueden investigarlos, juzgarlos o condenarlos. Es decir, Gaviria pretendía que a los guerrilleros el Estado no los juzgara ni condenara. Es el mismo tratamiento de “prisioneros de guerra” que siempre ha pretendido la guerrilla.Más adelante, ya en su papel de candidato presidencial (no me cansaré de señalar los problemas de legitimidad y el daño a la credibilidad de la Constitucional que se generan cuando los magistrados de esa Corte saltan de sus cargos a las campañas políticas y lo hacen con sus sentencias en la mano), Gaviria fue incluso más allá. Como bien recuerda Eduardo Mackenzie, en un debate televisivo sostuvo que “el delincuente político ni siquiera es delincuente, es un hombre equivocado que en el uso de las armas perdió, y si hubiera ganado no sería delincuente sino gobernante”. La tesis que Gaviria defendía ha tenido un costo terrible para nuestra sociedad. Con base en ella, los guerrilleros, esos “hombres equivocados”, se han sentido legitimados para asesinar, secuestrar, extorsionar, reclutar menores y abusar sexualmente de ellos, poner bombas y acudir al terrorismo, y cometer toda clase de crímenes de lesa humanidad y de guerra. No, en una democracia no hay justificación política alguna para matar y matar por razones políticas es tanto o más condenable que hacerlo por cualquier otro motivo. Si no lo aprendemos, no habrá proceso de paz que valga ni que sirva.

VER COMENTARIOS
Columnistas