Fracaso contra el narco

No es verdad que la lucha contra el narcotráfico haya naufragado y que, en consecuencia, haya que legalizar la producción de cocaína. Con Uribe los cultivos de coca se redujeron un 63% hasta 63.000 hectáreas y la producción de cocaína cayó a 424 toneladas. De hecho, en los tres primeros años de Santos, en los que se mantuvo la estrategia, el área sembrada cayó a 48.000 hectáreas y la producción bajó a 290 toneladas.

Las mejoras, que habían sido sustantivas, se detuvieron a partir del inicio de los diálogos de Santos con las Farc y tuvieron un punto de inflexión con el pacto sobre narcotráfico firmado entre ellos en el 2014. Contrario al discurso de los defensores del pacto, lo que sí ha sido un fracaso, lo demuestran inequívocamente las cifras, fue la nueva estrategia que ahí se acordó: para el 2017 se llega a las 171.000 hectáreas.

Con Duque se han conseguido mejores resultados, pero seguimos inundados. Esta semana, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas ha anunciado que los narcocultivos cayeron en el 2020, esta vez un 7%, y terminamos el año con 143.000 hectáreas.

Más grave aún, la disminución de los narcocultivos no vino acompañada con una caída en la producción de cocaína. Por el contrario, aumentó de 1.137 a 1.228 toneladas, un 8% más. Los narcocultivos son hoy mucho más productivos y se obtiene significativamente más cocaína por hectárea sembrada de coca.

Ahora sí es posible decir que estamos perdiendo. La nueva estrategia nos está llevando al desastre. Y si no la cambiamos las consecuencias serán aún más devastadoras.

La estrategia correcta debería atacar todos los componentes de la cadena de producción, no solo los narcocultivos, y, en particular, golpear las estructuras financieras; recuperar la erradicación forzada y, más allá de las declaraciones, la fumigación aérea con glifosato; rediseñar las políticas de sustitución de cultivos y, sobre todo, reemplazar los subsidios directos a cultivadores por intervenciones estructurales que favorezcan la productividad general de la región; asegurar el control estatal del territorio y la respuesta coordinada para la provisión de bienes y servicios, desde justicia hasta infraestructura y educación. El control militar de área es necesario pero insuficiente; fortalecer los mecanismos de cooperación judicial internacional y la extradición; formular una política integral de salud pública contra la drogadicción; y, sin la menor duda, empoderar y fortalecer de nuevo la Fuerza Pública y desmontar los incentivos perversos del acuerdo con las Farc.

Como tienen consecuencias devastadoras en casi todos los ámbitos de la vida en sociedad, desde el medio ambiente, la salud pública y la lucha contra la corrupción, hasta la economía, el conflicto y la violencia, si no le rompemos el espinazo al narcotráfico el país queda condenado al fracaso. Ninguna lucha es más importante.
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