El Cauca, otra vez

Junio 28, 2015 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

En julio de 2012 cerca de cien soldados son golpeados y expulsados del cerro conocido como Las Torres, en Toribío, Cauca. Los responsables son indígenas Nasa. Dos años después, cincuenta policías son obligados a abandonar su cuartel en El Mango, Argelia, también en el Cauca, después de que habitantes, entre ellos indígenas, incendian la estación tras destruir con retroexcavadoras sus defensas. De los delitos de Toribío no se judicializó a nadie. En los de El Mango, seguramente tampoco. Nadie le cree a la Fiscalía. Más allá de la indignación, varias lecciones. Una, la tendencia a desconocer y maltratar la autoridad, tan propia de los colombianos, se agudiza porque, por un lado, los mismos uniformados no se hacen respetar y, por el otro, las autoridades judiciales no sancionan a quienes lo hacen. Acá también la impunidad es la norma y el sistema judicial no funciona. En otro país del mundo agredir a un soldado y un policía es tan grave que nadie se atreve por la reacción del uniformado y la condena a muchos años.Dos, la situación es aun más aguda en ciertas regiones donde se conjugan la guerrilla, cultivos ilícitos y comunidades indígenas. Así es en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. Tres, la presencia militar y policial no es suficiente. El plan Espada de Honor no tuvo los resultados esperados. Primero, porque a pesar de los soldados adicionales, la suspensión de fumigaciones de cultivos ilícitos en la zona de frontera y en los resguardos indígenas disparó los narcocultivos. El jefe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito acaba de confirmar que hay “una tendencia de mover los cultivos ilícitos para zonas donde no es posible la fumigación aérea” y que “más o menos el 70 por ciento de los cultivos ilícitos está en zonas especiales donde no se puede usar la aspersión”. La irresponsable decisión de Santos de suspender el uso de glifosato solo intensificará esta tendencia y los narcocultivos se incrementarán sustantivamente. Segundo, porque, como ya se ha dicho acá, es francamente incomprensible e inaceptable que a estas alturas el Gobierno no haya entendido que la solución en las regiones con presencia histórica guerrillera no está solo en aumentar el número de uniformados. Es indispensable la presencia integral del Estado: infraestructura de vías, salud y educación, justicia rápida y efectiva que resuelva los problemas de tenencia de tierra y los enfrentamientos entre indígenas, afros y mestizos, incentivos para la pequeña empresa, programas efectivos de sustitución de cultivos y estímulos al agro. Más y más fuerte Estado en la Colombia rural y profunda. El grueso de nuestros problemas de violencia y seguridad no devienen de tener un estado muy fuerte sino de todo lo contrario.Cuatro, las cortes, en parte responsables de lo que está ocurriendo por cuenta de sentencias insensatas, deben empezar a trazar con claridad los límites de la autonomía indígena. El respeto de sus derechos no puede traducirse en privilegiar sus intereses por encima de los generales de la población, en hacer de los resguardos feudos inexpugnables, territorios vedados en los que el Estado renuncia a su soberanía. Y hay que reconocer el hecho de que las Farc han infiltrado a muchas de las poblaciones indígenas y en sus territorios los narcocultivos están disparados. En Toribío y Argelia las asonadas no fueron espontáneas. Las comunidades y los indígenas se movieron azuzadas por la guerrilla.

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