Desastre institucional

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El resultado es un desastre: si es cierto que el magistrado Pretelt...

Desastre institucional

Marzo 08, 2015 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

El resultado es un desastre: si es cierto que el magistrado Pretelt solicitó un dinero, a nombre de su colega González, para que éste fallara favorablemente para Fidupetrol una revisión de tutela, solo se demostraría que la Constitucional está contaminada de la corrupción que aqueja a otros tribunales. Si no lo es, se arrasó con la presunción de inocencia, fundamental en la vida democrática. Y se generó un antecedente nefasto: que un magistrado sea apartado de sus funciones por cuenta de las acusaciones no probadas que se hacen en su contra. En cualquiera de los escenarios, la reputación de la Constitucional ha quedado por el piso. Advierto que no litigo ante la Corte y que no defiendo a Pretelt ni a sus colegas. Para empezar, porque creo que, salvo los magistrados Sáchica y Guerrero, que no tenían idea de las acusaciones, todos los otros, sin excepción, se demoraron una eternidad en poner en manos de las autoridades competentes los presuntos hechos constitutivos de delito de los que tuvieron conocimiento. Después, porque queda la sensación de que, más allá de la defensa de la ética de la Corte, acá también jugaba la intención de neutralizar a Pretelt y sacarlo de la presidencia de la Constitucional cuando este año se eligen, con participación directa del presidente de la Corte, Registrador Nacional del Estado Civil y Gerente Administrativo de la rama judicial.Hasta ahora los hechos son contrarios a lo denunciado: González presentó ponencia negativa a las pretensiones de Fidupetrol, llevó el caso a sala plena y obtuvo el apoyo unánime de toda la Corte, incluido Pretelt. González, además, manifiesta que Pretelt nunca trató de influir en su ponencia, contraria a los intereses de Fidupetrol. Y el liquidador de esa compañía dice que no ha encontrado prueba de que de ahí hubieran salido los 500 millones que habrían “aceitado” a los magistrados. Para rematar, el abogado que dice haber sido objeto de la solicitud de dinero por Pretelt, no se presentó esta semana a la citación que se le hiciera para ratificar las versiones contra el magistrado.De manera que salvo que aparezca una grabación que implique a Pretelt o una consignación de dinero o alguna prueba similar, solo se tendría el testimonio del abogado y eso si ratifica formalmente lo que habría dicho en privado. Así que salvo la aparición de una prueba que determinen la culpabilidad de Pretelt, sería solo la palabra de un abogado contra la de un magistrado.Y es inconcebible que en un estado de derecho los magistrados sean apartados de sus funciones por cuenta de versiones, o incluso de acusaciones formales, hechas contra ellos. Primero, porque se viola la presunción de inocencia, vertebral para la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, magistrados incluidos. Después, porque se abre una puerta peligrosísima para que, por vía de denunciar a los jueces, se neutralice a los mismos, consiguiendo apartarlos de los casos y sus funciones. Si algún magistrado no gusta por sus convicciones ideológicas, sus inclinaciones políticas, sus posiciones jurídicas o sus previas decisiones jurisprudenciales, bastaría con denunciarlo para evitar que tome decisiones.Con todo, algo bueno ha salido acá. La Constitucional pedirá la revisión de su función de elegir Registrador. En la medida en que la tiene, la Corte se politiza. Y cuando eso ocurre, los políticos buscan penetrarla. De paso, se rebaja la calidad de los magistrados, como ha ocurrido, porque se elige no a los mejores sino a quienes sean favorables a la posición política de quienes los postulan.

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