De un frágil hilo

Septiembre 15, 2013 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

Tras el caos de los paros y la debacle de las encuestas, no hay la menor duda de que el Presidente no tiene más que los diálogos con las Farc en La Habana, no ya para cumplir su obsesión de pasar a la historia sino apenas para sobrevivir políticamente. Por su lado las Farc, además de estar sacándole todo el jugo a las conversaciones, en verdad quieren una salida negociada. Tendrían que ser muy tontos para no apreciar que el contexto internacional les es ampliamente favorable y como para no darse cuenta de que la mejor negociación posible es con un presidente que políticamente depende de un acuerdo con ellos. Sin embargo, no hay que especular mucho para suponer que dos son los puntos inamovibles para las Farc. Uno, que los jefes guerrilleros no paguen ni un día de cárcel por sus crímenes. El otro, el otorgamiento de condiciones de favorabilidad política para la organización que surja de los acuerdos o para aquellas existentes que están ya bajo su influencia. El primero es jurídicamente imposible. La Corte Constitucional ya advirtió, en el comunicado en que da vía libre al ‘marco por la paz’, que este no puede ser uno de impunidad. La Corte dice que la ley estatutaria que lo desarrollará debe establecer la obligación de “investigar todos los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos sistemáticamente”, perseguir penalmente a “los máximos responsables” de esos delitos, imputar a “quienes cumplieron un rol esencial en su comisión” y, tan importante como lo anterior, advierte que “el mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de [tales] delitos”. En otras palabras, deben pagar al menos parte de la pena. La aspiración gubernamental de que estos criminales sean condenados pero no paguen sus condenas, ha quedado sepultada. Y si no bastara, la Constitucional agregó que para que opere el marco jurídico es indispensable “como mínimo, la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de menores”. Es decir, la Corte volvió a los parámetros de “verdad, justicia y reparación”, para pesar de todos los hipócritas que, con doble estándar y una velada o abierta inclinación a favorecer a la izquierda, tanto criticaron la ley de justicia y paz y ahora defienden la impunidad de hecho para los criminales. El segundo es jurídica y políticamente imposible. En lo jurídico, los máximos responsables condenados no podrán acceder a cargos de elección popular porque hoy hay una norma constitucional que lo prohíbe expresamente y la Constitucional ha dicho que los crímenes de lesa humanidad y de guerra y el genocidio no pueden ser considerados como delitos políticos o conexos con ellos. Y en lo político un acuerdo que contemple beneficios para las Farc como, por ejemplo, cupos directos en el Congreso, sería rechazado por al menos el 70% de los ciudadanos en un referendo, según muestran las encuestas. De hecho, hoy no parece nada claro que un referendo sobre el proceso de paz que no sea muy exigente con las Farc tenga posibilidad de éxito.Yo no veo a los cabecillas de las Farc dispuestos a entregar las armas antes de que puedan acceder al marco para la paz, a pagar cárcel por sus crímenes, aunque sea poca, o a permitir que sus hombres vayan al Congreso y que no puedan hacerlo ellos.Santos cuelga de un frágil hilo.

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