Cuestión de Estado

Cuestión de Estado

Diciembre 15, 2013 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

¿Por qué Petro y la izquierda han decidido dirigir sus baterías contra la Procuraduría y sus facultades y no contra el fallo que ordena su destitución? Petro no ha querido notificarse de la decisión, no conoce su contenido ni puede controvertir su fundamentación. Pero conoce que la decisión está ajustada a derecho y que, por tanto, esa batalla está perdida.Lo sabe porque a) antes de que tomara las decisiones que dan lugar a la sanción, fue advertido por la Procuraduría acerca de las razones jurídicas para que no caminara por esa vía. Ese conocimiento previo de la ilegalidad de su actuación es lo que permite calificarla como dolosa; b) tiene plena conciencia de que las facultades del Procurador para destituir a funcionarios elegidos popularmente son constitucionales. Primero porque él mismo testificó en la Procuraduría contra Iván Moreno, senador, y porque antes, en diversas ocasiones como parlamentario, había pedido la destitución de funcionarios electos. De manera que esa facultad del Procurador no es una sorpresa.Después, porque todas las dudas acerca de la competencia del Procurador fueron aclaradas nada menos que por la Corte Constitucional que, en decisión sobre Piedad Córdoba, ratificó la constitucionalidad de esa facultad.Así las cosas, Petro optó por politizar la discusión, sacarla del ámbito jurídico, y atacar al Procurador, a la Procuraduría y sus facultades. Para eso han acudido desde a movilizaciones sociales hasta obtener presiones de burócratas de organismos internacionales. De Petro puede esperarse cualquier cosa. Sorprenden, sin embargo, las actitudes de otros.La actuación del delegado del Alto Comisionado de Naciones Unidas es penosa. ¿Por qué no dijo nada cuando el Procurador destituyó a Alonso Salazar, alcalde de Medellín, o a Cielo González, gobernadora del Huila? Ordóñez ha destituido e inhabilitado 802 alcaldes, 18 gobernadores, 23 parlamentarios. Súmese los destituidos e inhabilitados por anteriores procuradores desde 1991. ¡Y solo ahora el señor Howland se queja!El Fiscal también ha patinado acá. Para empezar, porque él mismo fue viceprocurador y procurador encargado. ¿Por qué las funciones y poderes que ejerció durante su cargo eran buenas entonces y ahora son “medievales, inquisitivas y secretas”, según sus palabras? Después, porque el Fiscal carga también contra la Corte Constitucional, de la que fue magistrado. Además porque hace una visita de inspección al Procurador, en el marco de una investigación penal contra Petro, pero no ha hecho esa misma visita al despacho del Alcalde ni a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, que son los investigados. La cosa se ve como retaliación contra el Procurador, con quien ha tenido diferencias, o como apoyo a Petro. Ninguna de las dos tiene buena apariencia.Para rematar, porque no está midiendo las consecuencias de la propuesta de que se revisen las facultades de destitución e inhabilitación de funcionarios públicos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se toma literalmente, la Corte sostiene que no se pueden restringir derechos políticos sino por una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Así las cosas, no solo se acabaría la competencia de la Procuraduría, sino también la de la Controlaría y, como si no bastara, la del contencioso administrativo. ¡Adiós pérdida de investidura!A estas alturas el problema dejó de ser del Procurador y es ya cuestión de Estado. ¿Habrá alguien en Palacio de Nariño y en las altas cortes que se dé cuenta?

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