¡Bomba nuclear!

Septiembre 20, 2015 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

El proyecto de acto legislativo que presentó el gobierno esta semana admite todos los calificativos: torpe, ignorante, vergonzoso, autoritario. Pero por encima de todo, constituye un ataque a la yugular contra la Constitución del 91, contra el Congreso de la República y contra el régimen democrático en Colombia. Desde el asalto al Palacio de Justicia, nada ha significado tanto peligro para la democracia en nuestro país.El proyecto tiene apenas dos artículos. En el primero, se crea una comisión en el Congreso compuesta por la suma de las comisiones primeras del Senado y de la Cámara y doce parlamentarios más escogidos por sus mesas directivas. Con esta composición, se disuelve a la oposición, proporcionalmente más numerosa en el Senado que en la Cámara. Para los proyectos de ley, además del debate en esta comisión, habrá uno en el Congreso en pleno. Para los de reforma constitucional, uno en las plenarias de cada cámara. El trámite de un proyecto de ley que hoy exige cuatro debates solo tendría dos y uno de reforma constitucional que exige ocho, en dos legislaturas distintas, solo tendría tres.Al mismo tiempo, el proyecto establece que los parlamentarios no tendrán iniciativa para presentar proyectos de ley o de reforma constitucional y que se deben limitar a estudiar las propuestas del Gobierno. Adicionalmente, las modificaciones no pueden hacerse en las plenarias sino solo en la comisión y únicamente si se “ajustan al contenido del Acuerdo Final [con las Farc] y con el aval previo del Gobierno Nacional”. Es decir, el Ejecutivo tendrá poder de veto. Como si no bastara, los parlamentarios no podrán votar sobre cada uno de los artículos de los proyectos de ley o de reforma constitucional que les presente el Gobierno, sino que deben hacerlo “sobre la totalidad de cada proyecto en una sola votación”. O todo o nada. Y para rematar, las plenarias “solo podrán improbar los proyectos”. La redacción está hecha con las patas y significaría que las plenarias no pueden aprobar los proyectos. Pero lo que busca es que “si no ha habido improbación por mayoría absoluta, se sancionarán o promulgarán los proyectos” aceptados en la nueva comisión. Es la inversión de toda la lógica democrática donde en los proyectos de más importancia e impacto se exige una mayoría absoluta para su aprobación. Acá es al revés: ¡Se aprobarán por una minoría y sólo podrán negarse por mayoría absoluta! A los parlamentarios se les limita a ser unos firmones avaladores de lo que se pacte en La Habana. Aquí no hay ejercicio legislativo o constituyente alguno sino una mera pantomima dirigida a aprobar cualquier cosa que acuerden el Gobierno y los terroristas.El otro artículo no es menos grave: es una ley habilitante que le da poder a Santos para expedir por 180 días todos los decretos con fuerza de ley que sean necesarios “para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final”.Con su reforma, el Gobierno demuestra que le teme a un debate serio y reflexivo sobre lo que acordará con las Farc y que no le importa pisotear la democracia y las instituciones republicanas para imponer su voluntad. Sabe que es mayoría en el parlamento pero impopular entre los ciudadanos.El engendro, en resumen, castra al Congreso, establece un poder casi omnímodo para las minorías que apoyan lo que aprueben gobierno y guerrilla, y da a Santos poderes propios de una dictadura.

VER COMENTARIOS
Columnistas