Presupuesto a la orden

Con la expedición del Decreto de liquidación del Presupuesto Nacional pudimos apreciar hasta dónde es capaz de llegar el gobierno en su afán de alcanzar más poder del que nuestro sistema presidencial ya le ofrece. Por esa vía englobó partidas aprobadas por el Congreso de la República, en una sola de 13 billones de pesos, con lo cual desaparecían sus destinaciones a ojos vistos, y podría el ejecutivo redirigirlas.

Tan de bulto fue el escamoteo de las partidas y el riesgo de bloqueo de importantes proyectos de infraestructura definidos, que su ilegalidad fue advertida por la opinión y el gobierno tuvo que emitir un decreto de yerros, precisándolas. Aunque incorporó sus iniciativas en el presupuesto, al parecer no le era suficiente e ideó un camino adicional a pesar de las asignaciones fijadas por el Congreso. Ello incrementó la incertidumbre que aqueja a la economía del país.

Se afecta la independencia de las ramas del poder público si se otorga poderes extraordinarios al ejecutivo que le permitan dirigir a su personal criterio los recursos del presupuesto y compromisos de vigencias futuras, como si de una caja menor se tratara, o modificar el rumbo de entidades pilares de la Nación. El Estado responde a una organización social, política y económica que si bien puede no ser perfecta, sí tiene aciertos y principios con criterios éticos y técnicos.

Otro proceder que empaña la debida transparencia del gobierno y dice de sus maneras, se vio en torno al sistema de salud, al omitir información y solo demeritar al ‘enemigo’. Es el caso del monto que la Nación debe a las EPS impactando su liquidez para la atención de pacientes y pagos. Vino a conocerse solo cuando la Corte Constitucional le ordenó al gobierno desembolsar los reajustes a los presupuestos máximos adeudados para el 2021, 2022 y 2023, y lo no cancelado del Acuerdo de Punto Final, por recobros de las EPS de servicios y tecnología que suministraron a la población, no financiados por la UPC ni por los presupuestos máximos.

Tanto mal puede hacer la corrupción, como una pésima gestión, por loables que sean las intenciones, pero peor si de por medio hay intereses de cara al 2026. De cualquier modo, están puestos los ojos sobre el presupuesto y su ejecución. Puede malversarse los recursos si encuentra tierra abonada en contrataciones directas o ‘a dedo’, como las observadas en el Departamento Administrativo de la Presidencia, en un 75%, según El Tiempo (23-02-24), o ‘a la medida’ donde sea que se presenten.

La designación de funcionarios inapropiados por su ineptitud o condiciones personales, se traduce en gastos injustificados que pagamos los contribuyentes, con deterioro de la confianza en el país. Al nombrar de Embajador ante la FAO a Armando Benedetti, a pesar de estar investigado y de su desfachatado lenguaje y dudosa responsabilidad -a juzgar por sus propias manifestaciones, entre otros indicios-, se ha solapado su condición con una investidura que le cubre y tal vez, acalla.

Contrastan aquellas actuaciones con las propias de la decencia de quienes con sano criterio y dedicación se esfuerzan por servir en la administración pública. Los ciudadanos de Bogotá y Cali vimos con satisfacción las generosas palabras del alcalde Carlos Fernando Galán, al felicitar a Cali y a su alcalde, Alejandro Eder, por la sede de la COP16. Con su ejemplo, siembran esperanza y paz en sus ciudades.