¿Y si vamos a la Corte Penal?

No va quedando otro camino. Los ánimos están tan caldeados y los intereses tan exacerbados que no queda más que comenzar a pensar en recurrir ante la Corte Penal Internacional. Así por ejemplo, nadie dice nada cuando la JEP le concede visa turística a alias ‘El Paisa’ (condenado a cuarenta años de prisión por ser responsable del ataque terrorista al Club el Nogal), para que pueda ir 15 días de descanso a Isla Margarita. Y no ha sido el único permiso. Tampoco cuando las exguerrilleras de las Farc, ahora desde la Corporación Rosa Blanca, denuncian todo tipo de violaciones y vejámenes a niños y mujeres. Ahí todos callan, como lo hacen ante la interminable lista de irregularidades e incumplimientos ante la JEP por parte de algunos ex jefes de las Farc, y más aún, ante denuncias y reclamos que se hacen desde distintas organizaciones de víctimas de esa organización guerrillera.

Pero cuando alguien decide apoyar la posición presidencial de objetar por inconveniente seis artículos de la Ley Estatutaria, ¿quién dijo miedo? No bastan los más descalificadores epítetos para que el dedo acusador de los ‘defensores de la paz’, caiga sobre aquellos que, por creer que quienes deben reparar a las víctimas deben ser los que detonaron las bombas o que se castiguen los vejámenes cometidos sobre los niños y niñas reclutados por la guerrilla, solo merecen ser señalados como paracos o amigos de la guerra.

Hasta el Consejo Electoral concede el derecho de réplica a un grupo de congresistas, para que respondan a la intervención en que el presidente Duque objeta la Ley Estatutaria. Se le olvidó al Presidente del Consejo, que el derecho de réplica solo se concede “frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por el Presidente de la República” contra organizaciones políticas que se hayan declarado en oposición (Art. 17 de la Ley 1909 de 2018).

¿Cuál es la organización opositora que es atacada cuando el Presidente le pide al Congreso que aclare la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas; o que precise las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar en los procesos de la JEP, para evitar despilfarro de recursos o afectación a las víctimas; o que reconsidere el blindaje de No extradición a ‘otras personas’ que aún sin haber pertenecido a la guerrilla ofrecieran colaborar con la JEP para establecer la verdad de los hechos del conflicto”?

Y lo peor, que las Cortes con sus sentencias siguen avalando ese estado de cosas. Por ejemplo, a la Corte Constitucional no le pareció inconstitucional que sea el Estado quien tenga que reparar a las víctimas de las Farc y no esta organización guerrillera; tampoco cuando rechazó la pretensión de excluir del beneficio de la amnistía a los responsables de los delitos sexuales cometidos contra las mujeres y contra los niños y niñas en el conflicto, argumentando que “resulta incompatible con el marco constitucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, en particular, de la Jurisdicción Especial para la Paz” (Sentencia C-080 de 2018).

Son demasiados y cada vez más evidentes los hechos y las decisiones jurídicas e institucionales a los que se puede recurrir para demostrar que la radicalización en torno a la implementación de los Acuerdos de La Habana (o del Teatro Colón), y más en particular en el desarrollo de la jurisdicción especial de paz , ha llegado a tal nivel que hoy ni las víctimas, ni la sociedad en general, cuentan con la garantía de la justicia mínima que asegure el tránsito hacia la paz.

En estas condiciones, ¿por qué no nos sinceramos y enfrentamos esta hipocresía de la justicia parcializada y politizada, y comenzamos a considerar el recurrir a la Corte Penal Internacional? Es la instancia que garantiza la plena neutralidad. Y el camino que la intolerancia está dejando. Y que las víctimas, están pidiendo.