Víctima de su invento

Víctima de su invento

Octubre 29, 2017 - 06:45 a.m. Por: Pedro Medellín

En el momento en que necesita mostrar toda la fortaleza y asegurar la unidad, el gobierno del presidente Santos está dando muestras de atravesar su periodo de mayor debilidad. No sólo por los problemas de ejecución de las políticas y los programas públicos en los territorios, sino también porque ya ni siquiera logra movilizar en su favor a su propia bancada en el Congreso de la República.

Ya va a completar seis semanas, sin que se muevan los proyectos claves del Congreso. En particular están atascados aquellos relacionados con los desarrollos de los Acuerdos suscritos con las Farc, cómo la conciliación final del Acto legislativo 04 de 2017, por la que se acepta por acción o por omisión, la responsabilidad del Estado por los actos de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, que no logra reunir el quorúm necesario para su aprobación final. Y sólo le quedan cuatro semanas para que termine las facultades que le dio el Acto Legislativo 1 de 2016 con el llamado Fast Track.

A estas alturas los proyectos de reforma política y la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), están en una difícil situación. El primero, porque técnicamente ya no le dan los tiempos para su aprobación. Y el segundo, piedra angular de los Acuerdos con las Farc, está bloqueado en el Senado y amenaza con no lograr la votación necesaria para que se convierta en Ley de la República.

Pese al llamado del Presidente para que los congresistas voten los proyectos, la situación de bloqueo es consecuencia de la manera como el gobierno ha manejado el desarrollo de los acuerdos. En primer lugar, haber nombrado a un Ministro de Interior tan débil y sin peso político específico, se ha convertido en una mala señal del gobierno para todas las bancadas. Bien porque pudo entenderse como una muestra del exceso de confianza que caracteriza a este gobierno, o bien porque dejó ver que era el producto de un acuerdo político del Presidente con el exministro Juan Fernando Cristo.

En segundo lugar, el haber permitido que la votación aprobatoria de los proyectos de Ley, quedara amarrada a la mermelada que necesitaran los congresistas para mantener ‘aceitadas’ sus maquinarias regionales, provocó una dinámica perversa en el trámite legislativo. Cada voto tiene un costo que crece en la medida que se acercan las elecciones a Senado y Cámara. Y como los recursos no son infinitos, pues al gobierno le ha coincidido el mal momento de periodo electoral con agotamiento de la mermelada.

Y en tercer lugar, el haber dado un excesivo poder decisional a los representantes de las Farc en la Csivi, en la tarea de ‘revisión’ de los proyectos que harían trámite en el Congreso, no sólo les abrió la puerta para que le introdujeran cambios que iban más allá de lo acordado en La Habana, sino que también alertó a los congresistas de los peligros de aprobar los textos modificados por esa comisión. Es el problema mayor que está presentando la aprobación de la Ley Estatutaria de la JEP. Los cambios introducidos tanto en términos de la exagerada discrecionalidad que se le entrega a los magistrados de los Tribunales de esa jurisdicción para definir los hechos “más graves y representativos” sobre los que habrá acción penal (lo que implica que dejará otros delitos de lesa humanidad que no considere graves ni representativos, ni siquiera tendrán acción penal), como en el desconocimiento de los derechos de las víctimas, tienen a muchos representantes y senadores pensando muy seriamente en dar su voto negativo al proyecto.

La perspectiva para el gobierno (y para el país) no puede ser peor. Pese a las diferencias que se puedan tener frente a los contenidos, esta no es una materia en la que se puedan dejar zonas grises por dónde puede fracasar todo el esfuerzo hecho. El gobierno debería hacer los ajustes que tranquilicen a todos, de manera que se pueda reducir la incertidumbre que hoy reina y que tiene al gobierno, ya no con el sol a las espaldas, sino con el peso de la noche encima.

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