¿Solo en Venezuela?

El Gobierno colombiano ha salido a expresar su preocupación por el desmantelamiento del régimen democrático en Venezuela. Recurrir a una Asamblea Constituyente para desactivar las mayorías del Congreso que habían sido democráticamente electas en ese país, fue catalogado por el Presidente Santos como el acto que puso fin a la democracia. Y antes había expresado su preocupación por la manera como se intervino en el nombramiento de los jueces y poniendo a las Cortes en función de sus intereses de gobierno.

Nada más fácil que ver la paja en el ojo ajeno. El desmantelamiento del régimen democrático no sólo se está produciendo en Venezuela. En Colombia está sucediendo un desmonte similar. El último por cuenta del Acto Legislativo 04 de 2017, el Estado Colombiano está aceptando su responsabilidad, por acción o por omisión, de la promoción organización y financiamiento de los grupos armados que actuaron bajo formas paramilitares.

Que esta decisión fuera el resultado de una reflexión y una autocrítica de fondo sobre las responsabilidades de quienes dirigieron los destinos del Estado colombiano (presidentes, legisladores y jueces) o, incluso, el producto de una sentencia judicial, vale. Sería la mayor muestra de vigencia democrática.

Pero que sea una decisión que resulta de una norma que, al amparo del Fast Track, no se está discutiendo de cara al país, es otra cosa. Y peor, que se haga invocando la necesidad de asegurar que el Estado tenga el monopolio de la fuerza y el uso de las armas. ¿Para qué una reforma constitucional, que diga lo mismo que el Artículo 223 de la propia Constitución ya dice?

Lo más grave es que el propósito no es explícito en el enunciado del único artículo del Acto Legislativo. Todo está dicho en la exposición de motivos que lo sustenta. Allí se hace una descripción y análisis detallado de los decretos del gobierno, las leyes y las sentencias judiciales, que en su momento propiciaron o favorecieron la incorporación de civiles armados a la lucha contra las organizaciones guerrilleras. Incluso, hasta la creación del MAS (Muerte a secuestradores) aparece como una organización que surge bajo el cobijo del Estado. ¿Será cierto? Esas afirmaciones así de generales no se pueden despachar en cinco o seis renglones. ¿Serán conscientes los congresistas de lo que están aprobando? ¿Tendrán claras las consecuencias que le traerá al país? Lo cierto es que se trata de un Acto Legislativo al que solo le falta la votación en plenaria de la Cámara, para que reforme la Constitución.

Pero este no es el único hecho que puede traer complejas consecuencias al Estado. Hay otras decisiones de mucha gravedad: la de eludir el compromiso impuesto por la victoria del No en el plebiscito del 2 de octubre, en los Acuerdos de la Habana; la sustitución de la condición de refrendación ciudadana de los Acuerdos, por la refrendación por el Congreso (dándole una función que no tiene); o el empeño sistemático del Presidente Santos por fracturar el equilibrio de poderes, gracias a la mermelada parlamentaria o la interferencia en el nombramiento de los jueces, debilitó seriamente el funcionamiento del régimen democrático en el país. Esa fractura, sumada a la cantidad los escándalos de corrupción, han terminado explotando el sistema de partidos y minando la confianza pública en las instituciones.

La lista puede ser mucho más extensa. Lo cierto es que las buenas acciones que haya podido obtener el gobierno, han quedado sepultadas por montañas de señalamientos y acusaciones cruzadas de irresponsabilidad, ineficiencia o mala fe en la gestión en los asuntos públicos. Y todavía están en cola algunas decisiones del gobierno y los jueces de las que bien se podría decir que, con ellas, se está poniendo fin a la democracia en Colombia.