Sí se podía mejorar, ¿no?

“…Con toda humildad, quiero reconocer que este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo”, ha dicho el presidente Santos la noche de ayer cuando en su alocución anunció que se había llegado a un nuevo acuerdo con las Farc. Sin conocer todavía la redacción de los textos, es necesario decir, según lo expuesto por el presidente Santos, que el resultado es positivo. Se han logrado cambios que son bien importantes:1) El compromiso de que, en el nuevo acuerdo, las Farc “tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas”. Se trata de un logro mayúsculo. Asegurar que las Farc no sólo hayan reconocido la existencia de recursos, sino también su intención de destinar esos recursos para reparar a las víctimas ya implica un avance significativo en el cumplimiento de los estándares fijados por la Justicia penal internacional, que para Colombia son un compromiso ineludible con la comunidad jurídica internacional.2) El ajuste de la jurisdicción especial de paz. Lograr que la nueva jurisdicción se articule con la Justicia ordinaria, que no haya jueces extranjeros, y que se precisen los alcances de lo que significa y cómo se aplica la “restricción de libertades”, también significa un paso definitivo. Habrá que ver en el texto como queda redactado el asunto, pues aquí está la puerta para que los acuerdos puedan ser demandados o no ante la Corte Penal Internacional.3) La decisión de que los nuevos acuerdos de La Habana no serán incorporados a la Constitución Política y que sólo serán incorporados aquellos puntos que estrictamente corresponden a los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Se elimina un factor de distorsión que alteraba por la base la propia estructura de la Constitución de 1991, y abría las puertas a la que, sin duda, habría sido un monumental desajuste. ¿Imaginan ustedes un país en el que, gracias a los acuerdos de paz, las ONG podían actuar como fiscales y acusar ante los jueces a los ciudadanos? ¿O constitucionalmente convertido el lavado de activos en delito conexo de la rebelión? Pero en medio de estas buenas noticias hay un tema crucial, sobre el que no sabemos qué pasó: la responsabilidad de mando. En la Justicia internacional es clave saber quién tenía el mando cuando ocurrieron los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra, pues se castiga al máximo responsable. Sin embargo, en los acuerdos esa posibilidad no está contemplada, pues se establece que el mando no implica la responsabilidad de quien comandaba al grupo de guerrilleros en el momento en que se cometieron los hechos. Ya pasó en la masacre de la Chinita en Apartado, donde las Farc piden perdón, pero dicen que “la organización nunca dio la orden” para que ocurriera. Si nadie dio la orden, pues a nadie se podrá castigar.De allí también depende el tema de las ‘sanciones’ (que en la Justicia internacional se llaman ‘penas’) y la elegibilidad de los guerrilleros a los cargos de elección popular. Si no hay un responsable de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pues uno y otro pasa a un segundo plano. El riesgo para los acuerdos, es que estos temas si están claramente regulados en los artículos 28 y 77 del Tratado de Roma, que (esos sí) hacen parte de la Constitución de 1991. Si se incumplen, pueden ser demandados ante la CPI. Pese a que los defensores a ultranza del Sí, vociferaban que no había un mejor acuerdo posible y que en adelante los votantes del NO “eran responsables de las muertes que ocurrieran”, lo sucedido desde el 2 de octubre han demostrado lo contrario. Ni se desató la guerra, ni los del No cargamos con los muertos. Y aunque produzca ardor, sin conocer la redacción final de los textos, es necesario decir que sí. Que esta vez el Presidente tiene la razón. Se llegó a un mejor acuerdo. Claro hay que revisar lo que quedó escrito. Porque con Santos, no se sabe.