Santos debería estar agradecido

El presidente Santos debería estar agradecido con el expresidente Uribe y el uribismo. Por andar pendientes de cada ‘tuit’ del Centro Democrático y la respuesta presidencial, los colombianos estamos dejando pasar de lado la larga lista de equívocos de su gobierno y las graves consecuencias para el futuro del país.Nadie cuestiona, ni siquiera discute, la responsabilidad que le cabe a Santos en el descuelgue institucional, político, económico y ético que vive el país. Por donde se levante el tapete, se encuentran gravísimos problemas que, en muy buena parte, son responsabilidad de su gobierno.Así por ejemplo, en materia energética, a este gobierno le corresponde el dudoso honor de haber despilfarrado la bonanza que vivía el país. De los miles de millones de dólares que entraron en la primera década a Colombia en inversiones en petróleo y minería (que para 2011 habían superado los US$15 mil millones anuales), hoy no hay un solo peso que pueda mostrar como inversión productiva en el país. Y ahora, que estamos ad portas de un racionamiento por cuenta del mal manejo del sector, ni siquiera a los uribistas se les ocurre abrir un debate de control político al tema, ni la responsabilidad en la corrupción de Reficar (a los que Santos llama “problemas de planeación”), por el descuelgue de Ecopetrol, o el pésimo manejo de la política minera y energética del país. En materia de justicia y seguridad jurídica, el panorama no podría ser más grave. La famosa reforma de ‘equilibrio de poderes’ con la que se pretendía sacar a la Justicia de la crisis, hoy la tienen sumida en una situación de bloqueo. Los problemas de concepción, comprensión y diseño sobre el funcionamiento de la rama terminaron haciéndose visibles en una reforma que estuvo viciada por el clientelismo y la politiquería y que tiene sin quien maneje el aparato judicial del país.Y por si eso no fuera suficiente, el ingenio de algunos ministros está llevando a que las empresas padezcan cambios en las reglas de juego que alteran las condiciones de la inversión productiva en el país. El establecimiento de barreras a la entrada de inversiones extranjeras, la imposición de pagos adicionales por el cobro de tasas por rubros inexistentes, o simplemente la despreocupación por el trámite en el Congreso de Leyes que transgreden los tratados o desconocen derechos adquiridos, son la nueva realidad que deben enfrentar los empresarios para continuar con sus negocios en el país.En el sector agropecuario, el gobierno Santos tuvo que afrontar el más grande paro agrario que se recuerde en la historia del país. Y aún está lejos de cumplir con los compromisos adquiridos para que agricultores y campesinos regresaran a sus tierras. El país sigue sin política agraria, quizá porque sigue enfrascado en la liquidación del Incoder y en crear la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia para la Renovación del Territorio, el Consejo Superior de Uso del Suelo, el Consejo Superior de Restitución de Tierras, la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura. Hasta ahora, todo en el papel.Para otra vez quedará discutir las responsabilidades por el mal manejo de las crisis fronterizas con Venezuela, por el innecesario aplazamiento de los ajustes fiscales, por la inmovilidad de la política de comercio exterior y el escasísimo impacto de programas como el Pipe, o por la falta de una política educativa que supere las denuncias de abusos y corrupción. Discusiones que han sido desplazadas por la guerra en las redes y los medios entre santistas y uribistas. No hay duda. Santos debe estar muy agradecido con el expresidente Uribe… ah, y algunos ministros. Gracias al enfrentamiento sabemos que Lucho Garzón es ministro de Trabajo y Gina Parody está en Educación.