Rige la ley del más fuerte

A punta de amenazas, el Clan Úsuga impone un paro armado que inmoviliza más de 40 municipios de varios departamentos del norte del país. En esos días, durante el encuentro de futbol Millonarios – Nacional en Bogotá, las barras bravas del equipo local, impiden el ingreso al estadio de todos aquellos que no llevan las camisetas de su equipo, sean hinchas o no. En Cali, Barranquilla, Santa Marta o Montería el transporte pirata impone su presencia en la ciudad e impide una adecuada regulación urbana. Y mientras en Medellín, el Alcalde tiene que salir a enfrentar a las mafias que en reacción lo han amenazado de muerte, en la mayoría de ciudades intermedias mafias enteras controlan a punta de armas una diversidad de negocios en el espacio público. El país está cada vez más abocado al imperio de la ley del más fuerte. Y no sólo son los ilegales o los violentos que hacen valer la fuerza de sus armas para imponerse. También son las personas de bien que se ven obligados a recurrir a su propia fuerza para hacerse valer o defender sus derechos. Todo porque estamos ante un Estado cada vez más incapaz de cumplir con sus funciones. Ante la indecisión para establecer mecanismos de regulación a los Uber en el transporte público, los taxistas han decidido tomar por sus manos la tarea de “sacarlos del mercado”; ante la falta de acciones del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos, en los barrios comienzan a formarse frentes de vecinos que tratan, por sus propios medios, de enfrentar a los delincuentes; ante la falta de atención en los hospitales y centros de salud, los ciudadanos desesperados recurren a la fuerza para hacerse atender, como lo han comenzado a registrar los medios de comunicación.Mientras en gobierno y el ‘país político’ siguen enfrascados en la búsqueda de acuerdos para sacar adelante sus leyes en el Congreso, en la realidad territorial los colombianos siguen esperando decisiones políticas que resuelvan los problemas o que por lo menos pongan contra la pared a los violentos. Pero nada. El Ministro de Defensa que debía estar al frente del combate a las Bacrim y la erradicación de la delincuencia común, sigue de ‘analista’ de las actitudes de las Farc en la negociación de La Habana; la reglamentación del Uber y la toma de medidas para acabar con el transporte pirata, sigue pendiente en el despacho de una cada vez más desdibujada Ministra de Transporte.La parálisis e incompetencia del Gobierno Nacional, se proyecta en los gobiernos locales. Cuando no les falta ‘perrenque’ político para tomar las decisiones que terminen con la arbitrariedad de los transportadores piratas, dejan en los hombros de la Policía, la tarea de enfrentar a los delincuentes como ellos puedan; y frente a los desmanes de las mafias en el espacio público, prefieren hacerse los de la vista gorda para evitar más problemas que afecten su ‘gobernabilidad’.Lo grave de todo esto no sólo es la pérdida del control territorial. Lo verdaderamente grave es que si un Estado no tiene capacidad para hacer cumplir las leyes a sus ciudadanos, también será incapaz para evitar que haya discriminación entre ellos o que los recursos que distribuye, lleguen adecuadamente a todos los sectores a donde los ha destinado. Y si no hace valer sus leyes, sólo podrá promover una “ciudadanía de baja intensidad”. Es decir, aquella en que los derechos y las libertades ciudadanas se ejercen únicamente el día de las elecciones, pero que silenciosamente va acumulando un descontento, que cuando explote nadie lo va a poder controlar. Entonces, serán los descontentos los que impondrán su ley: la ley del más fuerte.