Régimen presidencial, en liquidación

Junio 11, 2017 - 06:55 a.m. Por: Pedro Medellín

Nos equivocamos quienes creímos que el desmantelamiento de la Constitución Política, había sido lo más preocupante que había ocurrido a instancias de los acuerdos con las Farc. Y había razón. Dejar al país sin reglas de juego definidas y todo sometido al cumplimiento de unos acuerdos en los que además de que no haya cárcel para quienes deshonraron los códigos de la guerra, se permite que los dineros mal habidos los sigan financiando, es una mala señal.

Sin embargo, ahora que comienza a bajar la espuma y comenzamos a ver la realidad de lo acordado, vemos que no sólo se ha desmantelado la Constitución. También el régimen presidencial entró en liquidación.
Por cuenta de los acuerdos de La Habana, los colombianos estamos viendo cómo el régimen presidencial basado en un sistema de pesos y contrapesos que regulaba el equilibrio de poderes, entró en liquidación.
En su lugar, comienza a surgir una especie de régimen mixto en el que las Farc (con tres representantes, junto con tres del gobierno), entran a ejercer funciones de gobierno, y sin que jerárquicamente dependan o puedan estar controlados por el poder presidencial o por cualquier otro poder del Estado.

Me refiero al régimen instaurado por el Decreto 1995 de 2016, que crea la Comisión de Seguimiento y Verificación e Impulso de la Implementación de los Acuerdos, Csivi, establecida en el punto 6 de los acuerdos. Se trata de una comisión (como se dijo conformada por 3 miembros de las Farc y 3 del gobierno), que no solo está facultada para tramitar y resolver las diferencias de interpretación u orientación que se presenten en cualquier instancia (política, jurídica, económica o institucional) entre gobierno y Farc. También (y sobre todo) le entrega poderes para tomar las decisiones sobre los planes, programas y proyectos de inversión, con las que se van a desarrollar los acuerdos.

Según el Decreto, la Csivi será la que apruebe el Plan Marco para la implementación del Acuerdo Final, que se formalizará a través de un documento Conpes. Por este mecanismo las Farc, sin que hayan sido electas, decidirán sobre los recursos del presupuesto público provenientes de impuestos y aportados por la comunidad internacional necesarios para financiar los planes y proyectos para “alcanzar una paz estable y duradera”.

Y con ese poder van a decidir los presupuestos y la orientación y el contenido de las políticas públicas nacionales y territoriales, en particular en los temas de tierras, desarrollo agropecuario, participación política y erradicación de cultivos ilícitos. Y como si su poder no fuera suficiente, ya quedó claro que incluso será quien defina cómo y en qué se utilizarán el dinero y los bienes ilegales que las Farc acumuló en sus 52 años de ‘economía de guerra’.

Así, la que debía ser una competencia exclusiva y excluyente del gobierno, quedó como una función compartida con un agente privado (las Farc), que ejercerá funciones públicas, sin responsabilidad política, pero con el poder para transformar el territorio.

Si hay algo de lo que se puedan jactar las Farc, es que puso fin al presidencialismo. Por virtud de los acuerdos, Colombia dejó de ser un régimen en el que el Presidente era Jefe de Estado y jefe de Gobierno.
Ahora se ha convertido en una especie de régimen mixto en el que el Presidente mantiene su rango de Jefe de Estado, pero entregó las funciones de jefe de gobierno a un organismo colegiado, que para efectos prácticos será quien gobierne el territorio por lo menos hasta 2030, sin haber sido elegido por nadie. No hay duda. Después de la Csivi, el poder presidencial no será el mismo. Si eso es con un plebiscito en que ganó el No, ¿imaginan cómo habría sido el cambio si hubiera ganado el Sí?

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