No sólo es con Policía

No sólo es con Policía

Enero 21, 2018 - 08:56 a.m. Por: Pedro Medellín

La situación es insostenible. El aumento en los índices de inseguridad deja ver que ya no es sólo un problema de percepción de los ciudadanos. El crecimiento geométrico de los hechos delictivos, que afectan a todos los estratos de la población, está reflejando una evidente incapacidad de las autoridades para controlar este asunto.

Pero ojo. El problema no es solamente de la Policía. O más precisamente de la falta de políticas de seguridad ciudadana. La inseguridad también proviene de la falta de justicia. Es decir, de la incapacidad del Estado para judicializar y castigar adecuadamente a los delincuentes.

El asunto no es difícil de entender. Ante la denuncia, la Policía emprende la investigación y procede a la captura. Una vez que el delincuente es puesto ante la Justicia, cada vez es más frecuente que el Juez, cuando no le concede casa por cárcel, decreta la libertad del sujeto. Bien porque el monto del delito no es suficiente para el castigo, o porque el sindicado no representa peligro para la sociedad, o bien porque no hay pruebas suficientes o las que existen han sido recaudadas de manera irregular.

El problema ha llegado a tal nivel que al observar los datos reportados se encuentra que en 2016 la Policía arrestó 245.528 personas por la comisión de un delito. De ese total, 207.728 fueron capturadas en flagrancia. Es decir, en el momento en que cometían el delito. Lo increíble es que de esos capturados sólo cerca de 10 mil fueron enviados a la cárcel y a un poco más de 3 mil se les concedió casa por cárcel. Esto significa que, siendo flexibles con las cifras, por cada 10 capturas registradas en 2016, 8 quedaron en libertad.

Es la consecuencia de las permanentes reformas al Código Penal y al Código Penitenciario que se han introducido tratando resolver el problema de hacinamiento carcelario. Cuando esas reformas no impulsan una reducción de penas, propone castigos sustitutivos (que no implican detención carcelaria o domiciliaria), o se promueven reformas que flexibilizan las condiciones procesales hasta un punto en que a los sindicados se les pide que, por favor, abandonen las cárceles. Ya ni siquiera la reincidencia en la comisión de los delitos, es agravante que obligue al juez a decretar la cárcel.

Y es aquí cuando aparece un problema mayor. Según los datos de la Policía, de los 240 mil capturados, 91.423 ya habían sido arrestados entre dos y nueve veces; 1.710, habían estado entre 10 y 40 veces en la cárcel; y cerca de un centenar tienen el récord (inigualable) de haber sido apresados cometiendo delitos ¡entre 41 y 70 veces!

Al iniciar 2017, en las 138 cárceles que hay en Colombia se registra una población superior a los 120 mil personas privadas de la libertad. Lo curioso es que de éstas, sólo un poco más de 18 mil presos han reincidido en la comisión de delitos. Los demás, por fuera.

La realidad es contundente. La política criminal va por un lado y el crimen por otro. Ni el Gobierno nacional, ni los gobiernos locales, han dispuesto las políticas necesarias para atacar el crimen. Es el perro que se muerde la cola. Mientras que por un lado anuncia medidas para combatir el delito, por el otro toma decisiones que estimulan la acción de los delincuentes.

El crimen no solo se combate con la Policía. El control de la criminalidad también se hace con un sistema judicial que funcione. Que no conceda estímulos para los que delinquen. Hay que fortalecer la Justicia y los aparatos judiciales en el territorio. Es un esfuerzo que resulta tanto o más importante que la política social.

Cuando no hay justicia, el mensaje para los delincuentes es claro. Por más políticas de empleo, salud o educación se emprendan en los sectores más desprotegidos de la sociedad, si no hay castigo a la comisión de los delitos, los criminales seguirán derrotando al Estado. No hay alternativa.

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