Más firmas que votos

La talla de las elecciones presidenciales en un país se mide a través de los candidatos que se presentan a ellas. Hace un par de semanas en Colombia más de 50 ciudadanos estaban convencidos de tener las capacidades y (sobre todo) la trayectoria para llegar a semejante cargo. Es el reflejo de lo que han visto en 8 años de gobierno: falta de liderazgo; de sentido político; de cabeza fría para mirar las cosas más allá de la coyuntura; de generosidad para decidir con sentido público; y de hacer valer las reglas de juego, preservar la institucionalidad, que es lo que al final queda.

El desajuste político e institucional ha llegado a un punto tal, que cualquiera cree que puede ser presidente. Por esa razón es que, en ese medio centenar de aspirantes, se concentra lo más representativo de una clase política que ha hecho más daño que aportes. Concejales, diputados o senadores, sin más experiencia que uno o dos periodos legislativos de estridente protagonismo; líderes ‘sociales’ que no han hecho otra cosa que saltar de partido en partido, de gobierno en gobierno, sin un interés distinto que el de sacar provecho del erario público; empresarios que, invocando su espíritu de servicio, se promueven como la alternativa para manejar “esa gran empresa que es el Estado”.

Con un par de excepciones, nadie representa a nada distinto que sus intereses personales y del pequeño grupo que les acompaña. No son políticos. Viven de los favores políticos, que es distinto. Gracias a ellos es que han hecho hoja de vida.

Es el punto de quiebre al que hemos llegado. La política colombiana está tan desestructurada y tan desinstitucionalizada, que no hay ninguna forma de organización política, económica o social que regule y discipline los comportamientos políticos. No hay rendición de cuentas distinta de los adherentes que logró con sus favores en el servicio público. En la política ya no importa la formación ni la solidez ideológica, menos el desempeño en los cargos públicos, o los resultados producidos. No hay ningún mecanismo de ascenso en la carrera política que sea diferente del dinero que puedan mover para asegurar un mínimo de votos.

Sin la obligación de pasar por el tamizaje de los partidos o de cualquier otra forma de organización política, el recurso de las firmas es el camino más expedito para abrirse lugar en la fila de aspirantes. Allí no hay requisitos políticos que llenar, ni condiciones que cumplir. Ni trayectorias que mostrar. Todo se reduce a buscar que un transeúnte pueda contribuir a la ‘causa’ con una firma. Y en este país, una firma (como una injuria) no se le niega a nadie.

Por esa razón es que hoy vemos cómo 11 colombianos registran ante los organismos electorales 15.999.585 firmas, con las que solicitan la credencial que los avala como candidato a la Presidencia, en un país en donde los votantes en promedio no han superado los 14 millones. Claro, hay que ver cuántas de las firmas resultan válidas. Porque también la tradición ha sido que, incluso en la recolección de firmas hay quienes convierten su firma en un engaño, porque ni siquiera en eso encuentra el más mínimo sentido de responsabilidad pública. Suponiendo que sólo una de cada tres firmas es válida, aún queda en juego un número significativo de votos que le confiere posibilidades a cualquiera de ellos, para llegar ser Presidente

Hoy ya quedan 11 aspirantes en carrera respaldados por firmas. La mayoría sin pergaminos suficientes. Van a sumarse a los candidatos de los partidos Liberal y Conservador para mantener una cifra todavía excesiva de candidatos. ¿A quién van a representar? ¿Qué responsabilidades están asumiendo, con sus ofertas electorales? ¿Ante quién van a rendir cuentas?

Los ciudadanos debemos tener muy claro que, cuando le damos la firma a un aspirante a la presidencia, conferimos una patente que el electo va a utilizar a su antojo. Y muchos de ellos sin estar suficientemente preparados para serlo.