Mal mensaje de despedida

Algo le está pasando a Juan Manuel Santos. La salida de la Presidencia le parece estar desatando una hiperactividad tal, que ya no está respetando los límites de lo permitido para un jefe de Estado que está a unos días de entregar el cargo a su sucesor.

En los dos últimos meses, Santos ha expedido 442 decretos. Y no está leyendo mal. Han sido cuatrocientos cuarenta y dos decretos, que el Presidente ha firmado entre el 2 de junio (cuando se expidió el D. 949 de 2018) y el 3 de agosto pasado (cuando se expidió el Decreto 1391 de 2018). Es decir, algo más de siete decretos expedidos a diario. Habrá quienes se alegren de que, por lo menos, el Presidente tiene dos meses en los que puede demostrar que efectivamente se dedicó al cargo y tiene resultados qué mostrar.

Sin embargo, el problema no está en los decretos que hacen referencia a cambios en normas menores o en asuntos propios del trámite normal de funcionamiento de la Presidencia de la República. Más bien, me refiero a aquellos asuntos tan relevantes para el gobierno que sale, como para el gobierno que entra. Tanto que los códigos de la mínima decencia, en una transición democrática del saliente al entrante, exigen que el primero consultara al segundo, sobre la conveniencia o no de las decisiones que se estaban tomando.

Sin embargo, para Santos ese mínimo comportamental no parece ser necesario. Todavía no se conoce un solo caso, en el que el gobierno saliente haya llamado al entrante para consultar sobre la conveniencia o no de una medida que acaba de expedir. Me refiero, por una parte, a asuntos tan trascendentes como cambios en las normas que regulan las consultas previas para comunidades afrodescendientes; o cambios que confieren facultades de autoridad ambiental a unas comunidades determinadas; o a proyectos de Decreto “Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la ‘Li´nea Negra’”. Se trata de asuntos que al comprometer comunidades, generan derechos que van a ser muy difíciles de reversar.

Pero por otra, no se puede dejar pasar la sorprendente cantidad de decretos que tienen que ver con nombramientos de funcionarios en el exterior. Cuando no faltan más de cinco días para entregar el mando, el Presidente Santos y su Canciller no han tenido ninguna dificultad para expedir varias decenas de nombramientos de funcionarios amigos suyos, en cargos de representación diplomática, a sabiendas del impacto que ese tipo de nombramientos (a unas pocas horas de posesión del nuevo equipo de gobierno), resulta a todas luces improcedente. Sobre todo en un contexto en el que no hay línea de continuidad, sino la llegada al gobierno de una fuerza política que antes era de oposición.

El asunto ha alcanzado límites tan preocupantes, que varios ciudadanos le están pidiendo al Presidente que “se inhiba de emitir las normas pendientes de adopción, divulgadas en calidad de borrador días recientes, en las cuales se pretende imponer decisiones de vital trascendencia para el desarrollo regional del país, para el normal trascender político nacional y con gran impacto en la seguridad jurídica de las inversiones privadas que apalancan desarrollo en aquellas regiones a las que el Estado no ha acudido”.

El 24 de julio pasado, el Consejo Gremial Nacional, se había expresado en el mismo sentido en comunicación al presidente Santos. Los resultados se ven hoy. Es evidente que los nombramientos en el servicio diplomático “torpedean la libre ejecución de los programas de Gobierno del Presidente electo cuya posesión se llevará a cabo el día martes próximo”. Y ese parece ser el espíritu que lo anima al cerrar sus 8 años de gobierno. Un muy mal mensaje de despedida.