Los otros costos de la corrupción

Los otros costos de la corrupción

Julio 30, 2017 - 07:05 a.m. Por: Pedro Medellín

Las cuerdas del caso Odebrecht han terminado enredando al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. La Fiscalía anunció que tiene las pruebas para imputar el delito de interés indebido en celebración de contratos contra el funcionario, por la suscripción del otro sí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, entre la ANI y el concesionario Ruta del Sol 2.

Quienes conocen a Andrade, se resisten a creer que haya cedido a la corrupción. Me cuento entre ellos. Muchas veces he cuestionado la ineficiencia del funcionario, su excesivo celo en la estructuración de los proyectos que en no pocas veces retrasaron la agenda de desarrollo de la infraestructura del país. Sin embargo, jamás he tenido la más mínima señal o rumor de tacha a su comportamiento frente a los dineros públicos. Y eso no es poca cosa, en un país donde la gente un señalamiento por corrupto no se le niega a nadie.

Lo grave es que el anuncio de la Fiscalía habla de la existencia de elementos que no sólo prueban un delito, sino también que han identificado a Andrade como posible responsable. Y más grave aún, que cuando se habla de “interés indebido en la celebración de contrato”, se está diciendo que hubo dolo en su actuación. Y aunque Andrade sólo sea sindicado, en realidad para el común de los ciudadanos ya es culpable. Y no importa si procedió con corrección, o si la acusación proviene de una declaración falsa de algún testigo interesado en obtener beneficios, o si en la investigación una prueba mal interpretada lleva a una conclusión que no es correcta. Lo cierto es que su actuación en la firma y contrato del otro sí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, lo tiene hoy en el ojo del huracán Odebrecht.

¿Qué pasa si Andrade es inocente, bien porque en el proceso judicial así lo demuestre o porque la Fiscalía no logra probar el dolo en su actuaciones? Pues que el funcionario habrá que tenido que gastar buena parte de sus energías y su patrimonio en defenderse de un sistema que lo condenó de entrada. A él y a su familia.

Mas allá de la responsabilidad que haya tenido o no Andrade, lo cierto es que el caso hace reflexionar sobre los otros costos que está teniendo la ola de lucha contra la corrupción en que se ha metido el país. Que por tratar de erradicar a los corruptos de la administración pública, se le cae con todo el rigor al funcionario público y se trata con todas las ventajas a quienes desde el sector privado inducen, intermedian o ejecutan actos de corrupción. ¿Cuántos funcionarios públicos no hemos visto desfilar esposados hacia un centro de detención y cuantos “empresarios privados de la corrupción” los vemos desde sus carros blindados, acusando a diestra y siniestra a todo el que se mueva, bajo la protección que le brinda el hecho de ser testigo de la Fiscalía?

Aplaudo el avance en la lucha contra la corrupción y que veamos caer la justicia sobre los corruptos. Pero debemos guardar las proporciones. Si bien es cierto que por ser funcionario hay que tener mayores exigencias éticas en el manejo de los recursos públicos, también es cierto que nos metimos en una cacería de brujas en la que son los corruptos los que, con sus testimonios dolosos y sus pruebas fabricadas, están haciendo su agosto en el país.

Según la Agencia para la Defensa del Estado, los colombianos tendremos que pagar de nuestro bolsillo, más de 16 billones de pesos, si prosperan las demandas 11 mil demandas por privación injusta de la libertad que cursan en este momento contra el Estado. ¿Será que habrá que pagar también por la de Andrade?

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