Los ‘otros’ carteles y sus sapos

Marzo 02, 2015 - 12:00 a.m. Por: Pedro Medellín

En agosto de 2014, los colombiano vimos con indignación cómo la Superintendencia de Industria y Comercio ponía al descubierto un activo cartel de pañales desechables que pactaban aumentos artificiales de precios y se repartían el mercado en su propio beneficio, violando el régimen de libre competencia. Según las investigaciones, estas prácticas se venían adelantando desde el año 2000, por parte de empresas como Kimberly, Tecnoquímicas, Tecnosur, Familia y Drypers, en un mercado que en los últimos 15 años, había vendido más de 11.300 millones de pañales, por un valor superior a los $7,7 billones. Tres meses después, la Superintendencia puso al descubierto otro cartel. Esta vez del papel higiénico, en cuya comercialización se reproducían las mismas prácticas desde hace 15 años. Directivos de Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles de Risaralda y Drypers, son investigados por su prácticas en un mercado en el que manejan en 88% de las ventas, que en este periodo ha movido más de 12 billones de pesos.Y el viernes pasado, la superintendencia hizo publica una investigación a las empresas Kimberly, Carvajal Educación y Scribe Colombia por practicas similares a las anteriores entre 2001 y 2014, periodo en el que vendieron 1.183 millones de cuadernos por un valor superior a los 2 billones de pesos. Según la investigación, estas empresas habrían incurrido en fijación artificial de precios, mediante el establecimiento directo de precios por imposición, y la concertación de porcentajes de descuentos dirigidos a los distintos canales de comercialización.De este panorama podemos ver dos grandes preocupaciones. Primera, la frágil ética que cada vez más parece regir el comportamiento de los empresarios del país. Cada vez es más frecuente ver que, por encima de los requerimientos de la responsabilidad social empresarial y la competitividad productiva, las empresas no están dispuestas a ganar siendo más eficaces y más eficientes, ni ofreciendo cada vez mejores productos a mejor calidad y con los mejores precios, sino recurriendo a prácticas ilegales que en el corto plazo aumentan sus utilidades, pero que en el mediano y largo plazo le restan competitividad a las regiones y al país. Y la segunda, preocupa que las investigaciones no parezcan ser el resultado de una diligente labor de la Superintendencia de Industria y Comercio. La presencia recurrente de algunas de estas empresas en esas prácticas, hacen pensar que lo que hoy sabemos los colombianos es en realidad producto de la delación propiciada por las ventajas ofrecidas por la Ley 1340 de 2009, que en “cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia”, estableció que el gobierno podrá “conceder beneficios a quienes hubieren participado en una conducta que viole las normas de protección a la competencia” y colabore entregando información y pruebas de los demás responsables que cometieron el ilícito. Entre los beneficios está “la exoneración total o parcial de la multa que le sería impuesta”.Pese a las ventajas que ofrece las “leyes de delatores”, en términos de hacer visibles prácticas ilegales en los empresarios, ese mecanismo no puede ser el que regule la ética empresarial del país. El control de las prácticas empresariales debe depender de un Estado fuerte y no de un soplo motivado por alguna pugna interna o por una decisión de alguien que, al verse descubierto, decide delatar a los demás.

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