Lo que faltaba

Junio 04, 2017 - 07:05 a.m. Por: Pedro Medellín

Ya no sabemos que noticia es peor. Que el principal puerto del país complete 20 días cerrado por un paro cívico y que uno de los puntos de reclamación sea el tener agua 24 horas; que los estudios de conflictividad revelen que uno de cada tres municipios está en disputa territorial por organizaciones armadas ilegales; que los informes sobre violencia infantil revele que anualmente más de 2.400 niños son asesinados al año en Colombia (eso sin considerar los que son víctimas de la violencia, en especial la violencia sexual); o que el censo nacional agropecuario haya reportado que uno de cada dos departamentos del país tiene a más del 80% de su población rural sin acueducto.

¿Habría una noticia peor? Pues sí. El viernes pasado, el Fiscal General de la Nación alertó de la salida el próximo 1.° de julio de 12.000 personas tras la entrada en vigencia de la ley 1786 de 2016. Se trata de la llamada “Ley de Racionalización de la Detención preventiva”, que hace dos años el Gobierno impulsó, buscando resolver el problema de hacinamento carcelario que ya tiene al país al borde de condenas internacionales por violación de derechos humanos. La ley abrirá las puertas de la cárcel para los procesados por los delitos que lleven más de dos años en la cárcel sin que se haya producido una condena en su contra.

Sin duda, se trata de una medida que busca proteger los derechos de los ciudadanos. La Ley 906 establece que ningún ciudadano esté detenido más de 180 días a partir de la imputación, ni tampoco 180 días después de la fecha de acusación. A partir de estos términos podrá exigir su excarcelación.

Los tiempos que desborden esos términos, además de afectar los derechos humanos, convierten en hacinamiento carcelario en un problema cada vez más difícil de resolver.

En Colombia, el crecimiento desproporcionado de la población carcelaria ha llevado a que, en los últimos cinco años, el hacinamiento supere el 48% anual en promedio de la capacidad del sistema. Esos niveles han comenzado a presionar de tan manera al gobierno, que las leyes de “racionalización”, que tienen un carácter extraordinario, se han convertido en un instrumento de política habitual en el país.

En 2015 la expedición de la Ley 1760 del 2015 que estableció un año como tiempo máximo que una persona puede permanecer privada de la libertad de forma preventiva cuando esté sindicada por delitos no graves y dos años para delitos graves. Como consecuencia de esa norma, los jueces expidieron orden de libertad para más de 1.500 personas. Y antes, en el año 2014, el código penitenciario ya se había reformado, flexibilizando los criterios de castigo, con lo que convirtió la prisión domiciliaria en una forma disfrazada de excarcelación. Los medios reportan que gracias a esa medida, las personas detenidas bajo la modalidad de casa por cárcel pasaron de 52.860 en abril del 2016 a 59.695 en el 2017.

La consecuencia de estas decisiones de política, no es solamente que el sistema judicial se vea sacudido por los señalamientos de ineficiencia e impunidad. Más grave aún, es que este tipo de medidas terminan emitiendo incentivos para que las personas cometan más y más delitos.
Dicho en otras palabras, que los individuos le pierdan en miedo a la acción de la justicia. Y eso no es un buen mensaje para un país, donde la gente tiene que recurrir a los paros generalizados para hacer valer sus derechos; donde más de 300 municipios están en disputa territorial por bandas armadas ilegales; o en donde cada 4 horas es reportado un hecho de violencia contra un menor.

Mientras tanto, habrá que escuchar casi impotentes que, hasta la fecha, “la Fiscalía ha solicitado 4.000 prórrogas en casos más graves ante jueces de garantías para que no les concedan libertad, pero que las audiencias por la crisis judicial están programadas para después de julio, cuando tal vez ya estarán libres”.

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