Las elecciones de octubre (I)

Las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores van a ser muy distintas. No está en juego la consolidación de los poderes locales y regionales, como era tradición. Por primera vez en muchos años, de lo que hagan los próximos gobernadores y alcaldes depende el futuro del país. Una razón clave se puede esgrimir para mostrar cómo en las próximas elecciones, no sólo se define quién va a gobernar, sino sobre todo hacia dónde va a ir el país. De lo que se haga o deje de hacer en los territorios va a depender que los acuerdos a los que se llegue en La Habana se traduzcan efectivamente en unos acuerdos hacia la paz. No sólo porque de ellos dependerá una buena parte de la logística y concreción de esos acuerdos, sino sobre todo la sostenibilidad política e institucional de los programas de desactivación del conflicto y reinserción productiva de los excombatientes y las víctimas del conflicto armado.´Un buen ejemplo lo ofrece el acuerdo de desminado al que acaban de llegar en Cuba la guerrilla y el gobierno. Si bien las partes “han acordado solicitar a la organización Ayuda Popular Noruega (APN) liderar y coordinar la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación por MAP (minas antipersonas), AEI (artefactos explosivos improvisados) y Muse (Municiones sin explotar) o REG (restos explosivos de guerra)”, estas labores solo serán posibles con el apoyo de alcaldes y gobernadores en las zonas minadas. No sólo por la complejidad técnica implícita en estas labores, sino por el soporte logístico y operativo que los expertos van a requerir de los municipios y departamentos, asegurar que se tengan buenos resultados y sean sostenibles en el tiempo.Sin embargo, no se trata de un programa nacional que busque erradicar las minas y los explosivos en todo el país. Se trata, más bien, de un proyecto inicial en las zonas de mayor riesgo para sus pobladores, con la que se va a poner en marcha una experiencia piloto en la que guerrilleros y militares comiencen a trabajar conjuntamente para la paz. En los demás lugares, a los que no lleguen esos proyectos del gobierno nacional, le corresponderá a alcaldes y gobernadores asumir por su cuenta y riesgo el desminado de las zonas que amenazan a sus pobladores.Igual responsabilidad va a recaer a los gobiernos locales y departamentales en el diseño, financiación y operación de las actividades dirigidas, por ejemplo, a facilitar el retorno de los combatientes a la institucionalidad de la vida civil; a asegurar el control de armas y municiones en el territorio que garanticen la no repetición de la violencia; las actividades de recuperación y tratamiento de salud para los excombatientes; o en el diseño y puesta en marcha de los planes de seguridad ciudadana, con los que se busca desactivar es los agentes del conflicto, para citar solo algunos de los objetivos más relevantes que tiene la etapa del pos conflicto que se inicia, una vez se firmen los acuerdos de La Habana.Por eso no debe extrañar que veamos al Gobierno Nacional, y más precisamente al Presidente, metidos a fondo en la definición y elección de los próximos alcaldes y gobernadores. Ya no es tanto por la razón prosaica de que debe derrotar al uribismo, sino por el argumento estratégico de que Santos necesita en el territorio operadores que concreten los acuerdos de La Habana en hechos de paz. De lo contrario, todo el esfuerzo va a quedar en promesas que no se pudieron cumplir.