La tenaza internacional

El gobierno está en serias dificultades. Ya no sólo es la amenaza de descertificación del gobierno de Estados Unidos, por considerar que “Colombia no pudo cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico”. También se ha hecho sentir la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en su visita para “aclarar información sobre ciertos temas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y de las investigaciones por crímenes sexuales, de género y de desplazamiento”. “Nuestras preocupaciones siguen vigentes. Lo que queremos ver es que la justicia sea el centro de los esfuerzos del gobierno de implementar el Acuerdo de Paz”, ha dicho al hacer el balance de los tres días en el país.

No se trata de afirmaciones a la ligera. Por una parte, el gobierno de Estados Unidos ya en sus informes del Departamento de Estado había puesto de presente su preocupación tanto por el aumento en el área cultivada, como por los estímulos perversos que produjo la negociación de los Acuerdos de La Habana, que llevaron a que muchos campesinos sustituyeran sus cultivos por coca. Y a través de distintos mecanismos, internos y externos, en el Congreso se ha exigido tomar una posición más fuerte para presionar mejores resultados, so pena de afectar algunas líneas de la cooperación que el gobierno tiene con Colombia.

Una de esas líneas de cooperación es la judicial. No se puede olvidar que, gracias a la colaboración de la Justicia de los Estados Unidos, ha sido posible destapar la corrupción de Odebrecht y la infiltración de una red de negociantes de procesos judiciales en la Fiscalía General de la Nación. Dos casos claves en los que la información proveída por la Embajada, ha permitido tirar de la cuerda para desentrañar las complejas redes que involucran a altos dignatarios del Gobierno, el Congreso y la administración de justicia.

Por otra parte, la Fiscal de la CPI, ya había hecho visible su inquietud frente al proceso con las Farc, y particularmente, ante el vacío de los Acuerdos en el cumplimiento del Artículo 28 del Tratado de Roma que regula la responsabilidad de mando que les cabe a los comandantes de las fuerzas en combate. Esto es, por los delitos cometidos por sus subordinados en el curso del conflicto armado. Y que el gobierno se resiste a ver.

En su momento, Bensouda dijo al país que “conviene dejar claro el criterio jurídico aplicable a la responsabilidad de mando y redactar con cuidado su definición para que, cuando se incorpore en el derecho interno, esté al servicio de investigaciones y enjuiciamientos efectivos y genuinos. De conformidad con el Estatuto de Roma, me incumbe considerar si alguna laguna sustantiva en las leyes aplicadas por las autoridades competentes encargadas de la JEP podría limitar su capacidad de ocuparse genuinamente de las posibles causas determinadas por mi Fiscalía”. Y esas lagunas son las que ha venido a inspeccionar la alta funcionaria de la Justicia internacional.

El gobierno se equivoca al reaccionar de manera defensiva. De nuevo, no se trata de afirmaciones ligeras, ni llamados de atención superfluos. En el tema del narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos está poniendo en evidencia, de cuerpo entero, las limitaciones que está teniendo el gobierno frente a la exigencia de romper los vínculos que las Farc pueden estar manteniendo con estas actividades ilegales.

Y en el terreno judicial, en la medida en que ha dejado claro que le ha pedido al Fiscal colombiano “información precisa que todavía no le han dado”, la fiscal Bensouda muestra su preocupación por la capacidad que puedan tener las autoridades colombianas en el juzgamiento de los delitos, particularmente los que están en la órbita de la Justicia internacional.

Si no se atienden los llamados, estamos ante una tenaza que puede ahogar el escaso optimismo que queda.