La seguridad de papel

La seguridad de papel

Enero 28, 2018 - 08:46 a.m. Por: Pedro Medellín

Mientras la ola de asesinatos crece y la inseguridad se desborda en todo el país, el Presidente le saca el cuerpo al problema. Sus intervenciones van quedando reducidas a la convocatoria de consejos de seguridad, cada vez que sucede un hecho que conmueve a la sociedad. Allí no hace otra cosa que exigir a las autoridades redoblar esfuerzos y anunciar medidas que no se concretan.

La última intervención presidencial ocurrió la semana pasada en Bogotá, cuando la movilización de unos vecinos del barrio Rosales, donde vivía el Presidente, le hizo sentir que al gobierno el problema se le salió de las manos. Entre otras cosas, la gente estaba indignada porque dos asaltantes balearon a una mujer embarazada.

Luego del Consejo de Seguridad, vinieron los anuncios presidenciales: “se trasladará a 100 nuevos investigadores para la Policía Judicial y 50 expertos en inteligencia para Bogotá para desarticular bandas delincuenciales en la ciudad” ...“Y vienen además 500 efectivos más para Bogotá el próximo mes”...“con la Fiscalía se va a crear un bloque especial dedicado exclusivamente para desarticular las bandas de hurtos a personas y a residencias, que son los dos delitos que han aumentado en la ciudad”.

Pero son anuncios que bien habrían podido servir para atender la seguridad en Medellín, Cali, Ibagué o Cartagena del Chairá. Lo que el Presidente no dice es que, si se producen, los nuevos policías, los traslados o los bloques especiales se toman entre 10 y 18 meses en implementarse. El resto son retoques y ajustes, más para la tribuna que para enfrentar el problema.

Todo el mundo sabe que los gobiernos locales y departamentales no tienen los recursos técnicos y humanos suficientes para enfrentar un problema que ya ha sobrepasado las proporciones imaginables. Ciudades como Cali deben combatir 320 bandas criminales que van desde poderosas organizaciones con los más sofisticados armamentos, hasta pequeñas organizaciones barriales que controlan el microtráfico, la extorsión o los pequeños robos. Y como ella están, en mayor o menor proporción, todas las demás ciudades del país. Sin capacidad real para enfrentar semejante problema.

Pero como si el manejo de ese problema fuera poco, al gobierno nacional se le ha ocurrido la brillante idea de trasladarle a los alcaldes y gobernadores la compleja tarea de responder por la “prevención y protección de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos”. Y lo peor, sin transferir los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para hacer la tarea.

En efecto, con la expedición del Decreto 2252, del 29 de diciembre de 2017, el gobierno nacional le entrega a los gobiernos territoriales, tareas tan inverosímiles como la de “crear mecanismos institucionales tendientes a evitar la consumación de situaciones de riesgo que afecten a líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos”, o activar las rutas de protección individual o colectiva a esta población. Como si tuvieran los recursos y las capacidades para hacerlo.

Con semejante decreto, el Presidente queda bien con los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos. Pero en realidad no son medidas que se vayan a cumplir.

A eso ha quedado reducida la política de seguridad. A la realización de consejos de seguridad y al anuncio de medidas que solo se quedan en el papel. Y mientras tanto, los alcaldes y gobernadores han pasado a ser los nuevos responsables de uno de los temas más sensibles: garantizar la vida de los lideres sociales y los defensores de los derechos humanos. Para los que gobiernan desde Bogotá, fácil, ¿no?

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