¿La paz a la brava?

¿La paz a la brava?

Agosto 20, 2017 - 07:05 a.m. Por: Pedro Medellín

El modelo de transición a una “paz estable y duradera”, está a prueba en el norte del Cauca y sur del Valle. Lo que hasta ahora se observa es que la famosa transición va a ser del conflicto armado al conflicto social. Por lo menos, es lo que se deduce de las acciones cada vez más violentas de grupos de indígenas que, a nombre de la gesta libertadora de la madre tierra, están levantando a sangre y fuego la región.

Una cosa es promover la liberación de la madre tierra como un mandato espiritual, producto de una negociación. Pero otra muy distinta es que ese mandato se cumpla a la fuerza y afecte, ya no sólo los cultivos de caña, sino que también comience a golpear a los pequeños propietarios y a los cultivos de pan coger. Hay que escuchar los testimonios de transportadores, comerciantes y pequeños propietarios a los que, en las veredas y corregimientos de los 10 municipios del Norte del Cauca y 3 del sur del valle, en los últimos años los tiene azotados la violencia que se ejerce en nombre de la gesta libertaria.

El asunto está pasando de claro a oscuro. Nadie da el brazo a torcer. Los indígenas, piden que los propietarios de las fincas en el norte del Cauca les venda las tierras, que se comprarían con los recursos de la Agencia Nacional de Tierras, gracias al acuerdo que suscribieron con el Gobierno. Pero si no acceden a la venta, han prometido que van a optar por las vías de hecho. Los agricultores, grandes y pequeños, se niegan a vender. Y por supuesto se van a las vías de hecho.

Por eso ya no resulta extraño que los medios reporten cómo los indígenas “desvían el río La Paila con palos y piedras ‘para quitarle el agua a los cultivos de caña’”, o cómo dañan las cercas, las vías de acceso (hicieron una zanja de lado a lado) a las fincas, realizan quemas, y amedrentan trabajadores. Y el tono de las amenazas sube cada vez más. En un informe del 6 de agosto, este diario informaba que “en un Consejo Comunitario presidido por el Alcalde de Cajibío el pasado viernes 23 de junio, el gobernador del Cabildo Cofradía - refiriéndose a los hechos cometidos en las fincas – dijo: “Si esto sigue así, ¿será que los dueños de los dos predios están esperando que pongamos tres cabezas ahí para poder entregarnos ahí sí las tierras?...”.

El riesgo que resulta de esta situación, es que se trata de una región en la que actúan grupos armados ilegales, narcotráfico, delincuencia común y minería ilegal. Y a las autoridades les preocupa que, en el curso de los acontecimientos, se puedan propiciar alianzas de los sectores enfrentados con alguno de estos grupos, de manera de que conflicto social que se vive en la zona escale a niveles jamás pensados. Hoy están sobre la mesa la disputa por 16 predios que suman más de 2.730 hectáreas, que los indígenas reclaman invocando derechos ancestrales. Y en esa pelea hay varios interesados.

El problema está en que el Gobierno Nacional no sólo no tiene una política para resolver la situación. Tampoco parece estar notificado de la dimensión que tiene lo que está sucediendo. Es lo que se deduce, cuando el Ministro de Medio Ambiente decide conferir facultades de autoridad ambiental a los resguardos indígenas, sin medir lo que implica en las actuales circunstancias.

Para octubre se anuncia una gran movilización indígena. Ya veremos cómo se implementará el punto 2.2.2 de los Acuerdos con las Farc, que, entre otras cosas, impone la obligación de que “las movilizaciones y las protestas, incluyendo los disturbios se tratarán con pleno respeto de los derechos humanos por parte de la autoridad legítima del Estado, garantizando a la vez, de manera ponderada y proporcional, los derechos de los demás ciudadanos” (p.45).

Esperemos que la norma que resulte, promueva el respeto a los derechos humanos de los indígenas, pero también los que tienen los trabajadores y los propietarios de los predios. La paz no se alcanza a la brava, ni discriminando a nadie.

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