¿La ley por la voluntad del pueblo?

¿La ley por
la voluntad del pueblo?

Noviembre 05, 2017 - 06:50 a.m. Por: Pedro Medellín

Colombia está transitando, peligrosamente, de un conflicto armado a un conflicto social de proporciones. Se ve cómo comienza, pero no se sabe cómo terminará. En el resguardo de la Delfina, en Buenaventura, los disturbios provocados por la movilización indígena ya comienzan a mostrar signos preocupantes de violencia. Al cumplir la primera semana, los reportes hablan de una decena de heridos y bloqueos en las carreteras de acceso.

Es la movilización que hace parte de la llamada Minga Nacional Indígena ‘Por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Paz y el Cumplimiento de los Acuerdos’. Según la Onic, responde a la indignación de 100 mil indígenas y a su movilización en 19 puntos del territorio colombiano, en los departamentos del Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Antioquia, Huila, Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Meta y Vichada, entre otros.

Las fotos y videos que circulan, mostrando la gravedad de los ataques y/o la sevicia con la que se está hiriendo a civiles, indígenas y policías, revelan el peligroso nivel que están alcanzando los enfrentamientos.

La razón de la Minga no podía ser otra. Según el documento político pretende denunciar el incumplimiento de acuerdos a que han llegado con el gobierno, como los que se “desprenden de decisiones de la Corte Constitucional, como el Programa de Garantías y Planes de Salvaguarda consagrados en el Auto 004 de 2009; los alcanzados en el Decreto Ley de Víctimas 4633 de 2011; los incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, etc., Los acuerdos de la Minga del 2013, de la Minga campesina étnica y popular del 2013 y 2016, lo pactado en el Capítulo Étnico del Acuerdo final para la terminación del conflicto”.

Son los acuerdos a los que se llegó gracias al reconocimiento de la Constitución del 91 sobre el derecho originario de los pueblos indígenas, a su autodeterminación y la defensa de sus activos y valores ancestrales.

El problema es que, en defensa de esos derechos se están transgrediendo los límites de lo permitido. Se está cayendo en un círculo perverso. Los indígenas, recurriendo cada vez más a las vías de hecho como alternativa para hacerse sentir y que les cumplan. Y el gobierno, ante su incumplimiento, permitiendo que se consolide esa tendencia a lo que Javier Roiz llama “sustituir la ley por la voluntad del pueblo”, como forma de resolver los conflictos. Es decir, permitir tomas y ocupaciones de tierras, que no sólo serán formalizadas mediante compras del Estado a los que demuestren la legalidad de sus títulos sobre los terrenos ocupados o invadidos. También luego serán legitimadas como una “manera lícita de apropiarse de algo en la vida”.

Como afirma Roiz, “en el catalogo de los movimientos alternativos, se presentan los okupas (invasores) como héroes antisistema que desafían la maldad o insensibilidad de las leyes, muchas de ellas podridas por la inercia o la torpeza de los gobiernos… llegan a ser una esperanza de mucha gente que se siente asfixiada por el sistema legal en marcha, pero también resulta una amenaza para los que confían y sostienen la ley y el orden”.

Ahí está el peligro. Son estos últimos los que afectados por las movilizaciones, ante la evidencia de que el Estado sólo responde cuando se le presiona, comienzan a entender que para hacer valer sus derechos deben recurrir a la violencia. Hoy son los indígenas, mañana los cocaleros y después los afectados por ambos los que se harán sentir por lo que perdieron a manos de los primeros.

Lo grave ya no son las haciendas, ahora los perjudicados son los campesinos y pequeños productores cuyas tierras, que se encuentran cerca a importantes vías, comienzan a hacer parte de la lucha indígena por la libertad de la madre tierra. Difíciles momentos esperan al próximo gobierno.

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