La Justicia, el personaje de 2015

Con la libertad del Coronel Plazas Vega, otra vez queda en evidencia el peso y el respeto de los colombianos por las decisiones judiciales. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, revoca la condena a 30 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá. Lo declara inocente y nadie sale a cuestionar la decisión por ser política o atender a unos intereses oscuros. Habrá discusiones jurídicas sobre los contenidos del fallo, o elementos a considerar como lo plantea Ramiro Bejarano en su columna de ayer en El Espectador. Y también quienes llamen la atención de que las pruebas que tenía la Corte son las mismas que tiene la Corte Interamericana. Pero la legitimidad del fallo, nadie la discute. En un país que tiene una tendencia tan elevada a eludir la ley, en donde los medios de comunicación no paran en señalar a la justicia como un cuerpo corrupto y a los jueces como simples tramitadores de intereses oscuros, el que los ciudadanos le confieran semejante legitimidad a una decisión de esta naturaleza no es de poca monta.El que, en medio de un descuelgue ético y moral como el que vive el país, no se discuta la legitimidad de un fallo así afecte tantos intereses (como sucedió en el pasado, con los fallos sobre la ley de justicia y paz, el estatuto antiterrorista, o la tercera reelección presidencial de Uribe), deja ver una cierta esperanza de estabilidad del régimen político colombiano. Y más si los que ayer atacaban a los jueces, como el Presidente Uribe cuando varios de sus aliados políticos fueron condenados por la Corte, hoy tienen que guardarse sus palabras sobre los fallos “amañados” o la improcedencia de las “decisiones de los amigos del terrorismo” en la Corte Suprema.Pese a que desde todos los costados han intentado dinamitar la justicia, e incluso algunos jueces y magistrados desde el mismo aparato judicial están ayudando en la tarea, para fortuna de la institucionalidad colombiana el poder de la rama judicial sigue vigente. Y, por más que sus decisiones no gusten o no parezcan convenientes, hay que aceptarlas. Pero, sobre todo, no hay que perder de vista la importancia estratégica que cada vez más tendrá la solidez y el respeto por la justicia y las decisiones judiciales en el inmediato futuro del país.Por una parte, en el 2015 la justicia ha sido y será clave en la definición del futuro ordenamiento institucional de Colombia. Cada vez más se hacen más evidentes los argumentos y las pruebas de inconveniencia sobre la llamada reforma al equilibro de poderes. Mientras que no se logra poner en marcha el llamado “Consejo de Gobierno Judicial” y los propios jueces deben suspender las decisiones que se han tomado, la que será extinta sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sigue inaugurando novedosas obras que están mejorando la infraestructura judicial del país. Por fortuna todavía está en manos de la Corte Constitucional resolver de una vez por todas el problema.Y como si fuera poco, por otra parte, de la manera como se defina la operación de la llamada Jurisdicción Especial de Paz, en términos de que se especifique cómo se van a nombrar los Magistrados que compondrán las distintas salas del Tribunal Especial de Paz y se aclare el alcance (jurídico y geográfico) de la “restricción de libertades” establecidos en los acuerdos de La Habana, va a depender el futuro de viabilidad y sostenibilidad política y jurídica del camino a la paz en el país. No hay duda, si hay un poder público crucial para mantener el régimen democrático en Colombia, es la Justicia. Por eso ha sido el gran personaje del 2015 y lo seguirá siendo en el 2016.