La hora de la verdad

Mayo 28, 2017 - 07:00 a.m. Por: Pedro Medellín

Después de años de negociaciones, ha llegado el momento de las definiciones en el cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno y las Farc. Esta semana, el presidente Santos deberá presentar ante el Congreso o expedir el Decreto ley de las normas para “facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras”. El problema está en que deberá definirse por uno de dos proyectos que están sobre la mesa: Uno, avalado por las Farc y emitido por el Csivi; y el otro, ajustado por los empresarios y promovido desde el Ministerio de Agricultura.

La diferencia entre los dos proyectos, revela bien lo que ha sido la negociación entre el gobierno y las Farc: Desde su inicio, el gobierno le dio a la negociación con la organización guerrillera el mismo tratamiento que desde hace años se le ha dado al paro de Buenaventura, del Chocó o de los maestros. Es decir, se nombra una Comisión del más alto nivel para que se reúna con los delegados del paro y, luego de una intensa negociación, firma lo que sea. No importa si los compromisos se pueden cumplir o no. Porque lo importante es que levanten el paro. Con las Farc, sucedió lo mismo. El gobierno asumió una serie de compromisos, sin importar si se podían cumplir o no. Lo que buscaba era que se desarmaran y desmovilizaran.

Por ejemplo, pese a que en 50 años se han adjudicado 1’749.000 hectáreas, el gobierno se comprometió a entregar 3 millones y a formalizar 7 millones en 12 años. Sin embargo es una promesa que se debe cumplir. El gobierno, a través de la Agencia Nacional de Tierras, elabora un proyecto de ley con 166 artículos, que luego pone a disposición de la Comisión de Seguimiento y Verificación de la Implementación de los Acuerdos (Csivi), para su revisión y ajuste. Allí las Farc imprimen su sello y llevan el proyecto a más de 250 artículos.

El proyecto crea una gran preocupación en el empresariado agropecuario. La incorporación en el articulado de la facultad de extinguir el dominio por vía administrativa de aquellos predios privados indebida o inadecuadamente aprovechados, así como la asignación de funciones judiciales y policivas a la Agencia Nacional de Tierras, se convierten en el centro de las reclamaciones al gobierno. Ante la presión, el gobierno invita al Consejo Intergremial a conversar sobre el proyecto. La posición de los empresarios se radicaliza hasta un punto, en que se paran firmes ante el gobierno y amenazan con “retirar su apoyo al proceso con las Farc”. Era la primera vez que el presidente Santos se veía ante una reacción tan dura de los gremios.

Mientras el gobierno decide qué parte del articulado va a sacar por Decreto-Ley, y cual por vía fast track en el Congreso, el Presidente se compromete con los empresarios a retirar del proyecto de ley, aquellos puntos de preocupación.

Sin embargo, el proyecto pactado con los empresarios, no satisface a las Farc, que no tarda en acusar al gobierno de estar incumpliendo los acuerdos. Inmediatamente los campesinos, indígenas y afros que participaban de las mesas de negociación en otros puntos del acuerdo, se levantan en protesta. Para aumentar la presión, exigen “necesitamos tierra para los guerrilleros”.

El Presidente está contra la pared. El próximo lunes expira el plazo para expedir la normatividad. Sea cual fuere el camino que tome, tendrá serias consecuencias. Si privilegia los Acuerdos y el punto de vista de las Farc, se va a quedar sin el apoyo empresarial que tanto necesita. Y si se va por el proyecto que promueven los gremios, va a tener que asumir una posición dura frente a las exigencias de la guerrilla. El problema para Santos, es que aquí no hay términos medios. Va a tener que quedar mal con alguien. Es la hora de la verdad. La negociación real de los 5 puntos con las Farc, apenas comienza.​

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