La Corte Penal toca a la puerta

En estos días en que el monstruo de la corrupción tiene acosado al gobierno, lo único que le faltaba al presidente Santos, sucedió de la peor manera: la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha dado un jalón de orejas al Estado colombiano para que reconsidere lo que está haciendo en la aprobación de las Leyes que pondrán en marcha la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En un artículo publicado por la Revista Semana, la Fiscal de la Corte no sólo llama la atención sobre la necesidad de que la nueva jurisdicción que se está creando, se ajuste a los parámetros establecidos en el Estatuto de Roma, sino (lo más importante) que recuerda su carácter de “ultima instancia” en el sistema judicial internacional. Y Colombia, en ese sistema, adquirió unos compromisos muy claros, que debe cumplir.Otra vez, el punto de discusión está en la ‘responsabilidad de mando’ que les compete a los comandantes que estaban al frente de operaciones militares que terminaron en violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Es decir, genocidios, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. En el Estatuto de Roma, tal responsabilidad está claramente establecida en el Artículo 28 y resulta crucial tanto para castigar a quienes transgredieron los límites de lo permitido en la guerra, como para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.Pese a que desde distintos frentes se ha llamado la atención sobre la necesidad de precisar este asunto, el gobierno y los legisladores han evitado asumir el tema, argumentando la protección de los militares o la inconveniencia de profundizar en las heridas. Si el Estado colombiano quiere que la JEP no quede como un simulacro de justicia, es necesario precisar las responsabilidades de mando que había en las 983 masacres que el Centro de Memoria Histórica tiene registradas desde 1991, con cerca de 12 mil víctimas mortales. Por lo menos en eso. Es una obligación con las familias de las víctimas.No hay escapatoria. La Fiscal de la Corte Penal ha sido muy clara. En su comunicación dice: “De conformidad con el Estatuto de Roma, me incumbe considerar si alguna laguna sustantiva en las leyes aplicadas por las autoridades competentes encargadas de la JEP podría limitar su capacidad de ocuparse genuinamente de las posibles causas determinadas por mi Fiscalía. Aunque el concepto de responsabilidad de mando aparece claramente definido en el Estatuto de Roma, observo con cierta preocupación que en la versión final del acuerdo de paz se ha eliminado toda referencia directa al correspondiente artículo 28 del estatuto. No obstante, la definición que adopten en última instancia los legisladores tendrá que ajustarse plenamente a la definición establecida en el Estatuto de Roma. Esto garantizará que Colombia cumpla las obligaciones que emanan de tratados internacionales como Estado parte del Estatuto de Roma, mediante investigaciones y enjuiciamientos efectivos a nivel nacional, en consonancia con el principio de complementariedad. A fin de cuentas, la CPI es una corte de última instancia”. Lo grave es que este llamado se suma a los que la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la Nación han hecho al Congreso y al gobierno, con toda responsabilidad, para que se ajuste la JEP no sólo a la realidad de la política criminal que debe seguir Estado sino también a los términos de los compromisos adquiridos por Colombia cuando suscribió el Estatuto de Roma.El problema que se le viene al Estado colombiano no es menor. La posición de la Fiscal es contundente. Y mucho más cuando, a pesar de que el gobierno se había comprometido con que la Corte Suprema de Justicia sería la instancia de cierre, al no cumplir su palabra en el proyecto presentado al Congreso, le abrió el camino a la Corte Penal Internacional, como última instancia. Y ya está tocando a la puerta.