Incertidumbre

Hay que hablar con franqueza. El país ha cambiado tanto, que se han acabado los periodos de gracia que tradicionalmente se les daba a los gobiernos. Cada vez más, los ciudadanos están exigiendo de sus gobernantes no sólo soluciones a los problemas que viven, sino la certidumbre de saber cuál es el camino que se va a seguir en los próximos cuatro años. Y más, con el ambiente de tensión y convulsión social que se ha vivido en el último fin de semana.

En estos primeros 100 días de gobierno, los colombianos están viendo mucho activismo presidencial en la atención de los problemas que diariamente van surgiendo, pero no están percibiendo con claridad cuál es el futuro. Quizá el mejor ejemplo se encuentra en la confusión que se ha creado con la presentación de la reforma tributaria. Lo único claro hasta ahora es que, por la manera como se ha concebido y gestionado la llamada Ley de Financiamiento, no se sabe cuál va a ser el modelo con el que se va a financiar el desarrollo. No sólo porque se trata de una reforma que tiene muy poca viabilidad política y económica, sino porque al no tener vínculos con una acción previa de reducción del gasto público, está dando una mala señal sobre el manejo de las finanzas públicas.

Por lo visto estas semanas, el gobierno parece más preocupado por conseguir a la brava el dinero para financiar sus programas, pero no en buscar un uso más racional, eficiente y eficaz de los recursos públicos. Como si se tratara de cosas que no tienen ninguna relación. Se presiona por la aprobación de la reforma, pero nada se dice sobre la urgencia que tiene el país de reducir los gastos en que se ha incurrido en exceso, particularmente en lo que tiene que ver con los centenares de contratistas que tienen los ministerios y las entidades nacionales en nóminas paralelas que llegan a costar varios billones de pesos. Tampoco se habla sobre la necesidad de redimensionar los programas sociales que están en curso y que (también por politiquería) se han extendido más allá de sus objetivos, hasta convertirse en descomunales maquinarias electorales al servicio de los intereses electoreros nacionales y regionales.

Lo más grave es que, con la Ley de Financiamiento, se está sacrificando la necesidad de resolver el problema estructural de las finanzas públicas, por tratar de asegurar la financiación de los programas del Gobierno en el corto plazo. Un ejemplo claro se está viendo en la persistencia del Gobierno en las llamadas ‘vigencias futuras’ para financiar grandes proyectos de inversión. A sabiendas de que estas no son otra cosa que deuda de largo plazo que se está adquiriendo (y que en 10 o 15 años vamos a tener que pagar), el gobierno los sigue utilizando, sin buscar una salida efectiva y sostenida al problema del financiamiento del desarrollo. Y, en cambio, sí se está optando por el camino facilista de extender el IVA a todos los bienes de consumo, incluyendo los de la canasta familiar.

Pero el problema no sólo está en la manera como se ha definido y gestionado la reforma tributaria. Cuando se analizan los proyectos de reforma a la Justicia, la reforma política o la lucha contra la corrupción, que está gestionando el Gobierno en el Congreso, también se llega muy rápidamente a una conclusión: lejos de consolidar el ambiente de cambio y confianza que surgió luego de la victoria electoral de Duque, el nuevo Gobierno está dejando en la opinión una sensación de improvisación, inexperiencia y falta de comprensión de los problemas que vive el país.

Eso no está haciendo otra cosa que sembrar de dudas e incertidumbre lo que será el futuro del país en los próximos años. El presidente Duque debe dar muy pronto un timonazo fuerte. La salida no está en un gobierno reactivo. La clave está en tener una agenda de futuro que se refleje en las reformas, en las políticas y en cada acción de gobierno.
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