El problema no está en el monto

Nadie entiende bien lo que está pasando. La ola de indignación que hay en el Valle del Cauca a favor y en contra de la sanción a los azucareros, no permite ver con claridad lo que está ocurriendo. Ni las consecuencias que pueda tener. Las discusiones sobre la proporcionalidad o no de la sanción, o la legalidad o no de las pruebas, el carácter político o no de la multa, son interminables. Ni siquiera los pequeños accionistas o los ‘colonos’, proveedores de materia prima de esta industria, comprenden lo que está pasando. Lo cierto es que se está perdiendo el sentido de la discusión. Lo primero que se debe decir, es que la discusión sobre la proporcionalidad o no de la sanción es irrelevante. Es claro que los sistemas de castigo en las sociedades están fundados sobre penas ‘ejemplarizantes’. Esto es, que deben ser tan fuertes que en el futuro impidan o desestimulen que las personas u organizaciones vuelvan a incurrir en las conductas castigadas. ¿Estaríamos en la misma discusión si las sanciones no hubieran superado los mil salarios mínimos, como establecía la Ley en el pasado?Lo relevante, lo que sí debemos discutir es si los responsables de la industria transgredieron las normas de libre competencia que prohíbe la Ley o no. Específicamente, la pregunta es, ¿incurrieron los empresarios en prácticas que obstruían la entrada de terceros al mercado del azúcar? Y no se trata de decir que como hubo 1,6 millones de toneladas de azúcar importada, entonces no hubo obstrucción. Aquí hay que tener claro que la Ley no sólo castiga las actuaciones por el efecto (es decir que haya impedido la importación de azúcar), sino también las castiga por la intención de hacerlo (que se haya asociado con el propósito de hacerlo). Es lo que un penalista llamaría la ‘tentativa’. Es en ese sentido, que hay que leer el numeral décimo del artículo 47 del Decreto Ley 2153 de 1992, en el que se establece que son contrarios a la libre competencia los acuerdos que “tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización” (resaltado mío). Así que la intención, también se castiga.Por fortuna, las personas naturales y jurídicas que han sido sancionadas, tienen a su disposición recursos legales para demostrar si fueron o no responsables de esas conductas, de manera que los inocentes saldrán librados y los responsables castigados. Eso esperamos todos.Pero no se puede perder la perspectiva. La sociedad deberá ser dura, muy dura, con los responsables de las malas prácticas (si los hay), pues en aras de aumentar su ganancia, no sólo afectaron los ingresos de sus accionistas, sino que por sobre todo pusieron en riesgo a toda una industria que genera empleo y desarrollo para una región que, como el Valle del Cauca, necesita de comportamientos competitivos para salir de la pobreza en la que se encuentra. Debemos entender y asumir que se trata de una conducta grave y no de una simple contravención. No se trata de entrar a rasgarse las vestiduras ni entrar a calificar las conductas sin que se surtan los recursos judiciales a que todos tienen derecho. Pero tampoco hay que decir que con esas multas la industria se va a quebrar y miles de trabajadores quedarán en la calle. Eso no va a pasar. Las multas deberán ser ejemplares para aquellos que violaron las normas, pero ese solo debe ser el problema de los que se equivocaron trasgrediendo la Ley. Para el resto la sociedad, el desafío está en no perder de vista que el verdadero problema está en recurrir a prácticas violatorias de los códigos de competencia para ganar un peso de más.