El problema no es solo Pretelt

Un giro inesperado tomó el caso del magistrado Jorge Pretelt. De ser el acusado sobre el que se totalizaban las culpas del grave momento que atraviesa la Corte Constitucional, se ha convertido en el acusador que puso en evidencia un estado de cosas de clientelismo y corrupción que se ha tomado a las altas cortes, ahora la Constitucional.En una extensa entrevista radial, hizo graves señalamientos. No sólo puso en evidencia todo un entramado de relaciones burocráticas y de amistad, de los magistrados de la Corte con antiguos colegas suyos que ahora litigan ante la instancia de la que hicieron parte, sino que acusó al fiscal general, Eduardo Montealegre, de dos cargos muy complejos. Primero, litigar ante la Corte por las decisiones que deben tomar los Magistrados en temas cruciales como la demanda de constitucionalidad al Marco Jurídico para la Paz. Y segundo, por utilizar el poder de la Fiscalía para perseguir a Pretelt y a su familia por negarse a abandonar la Corte Constitucional.El asunto es bien complejo. Por una parte, pone a la Corte Constitucional en el ojo del huracán, al señalar que es habitual la visita de personas con intereses en las decisiones de la corte a despachos de los magistrados que están decidiendo sobre esos mismos asuntos. Con estas visitas no solo se estarían violando los reglamentos internos, sino -lo que es peor- revelando la interferencia externas en las decisiones de la Corte. Y más grave aún, que esos señalamientos parecen coincidir con algunas denuncias no formalizadas por quienes dicen haber recibido “ofertas” para sacar adelante solicitudes de revisión de tutelas. Eso sí, previo un pago de una determinada cantidad de dinero por la “selección de la tutela”, u otra cantidad por la “decisión de los Magistrados”.Por otra parte, con las acusaciones al Fiscal General, se afecta la gestión de un funcionario que si bien se la ha jugado por el proceso de paz, mucho más que el propio presidente Santos, también a veces ha puesto a tambalear el proceso con sus declaraciones. Ahora, sobre las acusaciones de usar el aparato institucional de la Fiscalía para perseguir a Pretelt y su familia, el Fiscal General va a tener que tomar decisiones que efectivamente dejen blindada a la entidad de estas acusaciones, pues estas vienen a sumarse a las formuladas en el mismo sentido por la excontralora Morelli y por una larga fila de exfuncionarios del gobierno Uribe, debilitando en mucho la confianza que deben tener los colombianos en la Fiscalía.El fondo de la cuestión es que con esta acusación, llegamos al “apaga y vámonos” de la crisis de la Justicia. Ya no estamos ante los procedimientos indebidos, las actuaciones indelicadas o denuncias de tráfico de influencias o sistemas de favores que afectan al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo de Estado o a la Corte Suprema. Ahora también llega a la Corte Constitucional a la que jamás se le había hecho el más mínimo señalamiento. Era la Corte intocable. Estaba por fuera de toda duda. Como se ve, la crisis no se resuelve con la renuncia de Pretelt. Con ella sólo se logra aplazar el problema, a riesgo de volver a tener en muy corto tiempo un nuevo estallido, pero ya de mayores proporciones. La solución comienza con la renuncia de todos los magistrados de la Corte, como una decisión ética con la que se quiere dar el primer paso para permitir que se baraje y reparta de nuevo. Próximo: ¿Cómo resolver la crisis de la Justicia? La responsabilidad es colectiva.