El fracaso de la Constitución de 1991

Con ocasión de la celebración de los 25 años de la Constitución Política de 1991, 26 de los entonces constituyentes, apoyados por 3 miembros de la Comisión Especial Legislativa y algunas ONG, han suscrito una declaración pública en la que exaltan los logros más importantes de esa Carta. ¿Qué tan reales son esos logros? Para comenzar, afirman que “desde su convocatoria la Constitución Política se concibió como un Pacto de Paz” y que demostró que en Colombia “sí es posible la concertación entre personas de distintos credos y políticos de distintas vertientes, y el compromiso con principios y valores comunes, o sea, lograr acuerdos sobre lo fundamental para la convivencia pacífica”. Pareciera que hablaran de otro país. Sobre todo porque fue en estos 25 años, cuando en Colombia el conflicto armado alcanzó su mayor nivel de expansión y degradación. Los datos son contundentes. Desde 1991, los municipios afectados por acciones bélicas pasan de 227 a 498 en 2002 y 650 en 2012. En cada uno de ellos se repiten los dramas de las masacres, desplazamientos forzados, mutilaciones por minas, secuestros, torturas, reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados o desaparición forzada. Sólo en el Urabá antioqueño, sus habitantes debieron padecer 96 masacres entre 1991 y 2001. Y los registros de estas afectaciones en Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Guajira o sur de Bolívar, son devastadores. Para abril de 2016, la Unidad de Víctimas tenía registradas más de 8 millones de colombianos afectados por el conflicto armado, de las cuales 6 millones eran desplazados. De los 2 millones restantes, uno corresponde a víctimas de homicidios (300 mil víctimas directas y algo más de 700 indirectas) y el otro a delitos como desaparición forzada, mutilaciones por minas, secuestros, torturas o violencia sexual. Y la mayoría de todos ellos se produjo bajo la vigencia de la Constitución de 1991. Con esos datos, ¿cuál pacto de paz? ¿Cuáles “acuerdos sobre lo fundamental para la convivencia pacífica”? Ahora, con respecto al logro de establecer un Estado Social de Derecho, es cierto, muchos colombianos se han beneficiado de tener consagrados en su Constitución, además de los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales y étnicos. Y muchos pueden decir hoy, que se sienten considerados e incluidos. Sin embargo, las reclamaciones por derechos no paran de crecer: en 2015, más de las 500 mil tutelas presentadas, una de cada dos eran peticiones que buscaban de las autoridades pronta resolución a problemas; una de cada cuatro invocaban el derecho a la salud (más de 120 mil); una de cada seis, la defensa a los derechos económicos, sociales y culturales; una de cada nueve el derecho a la vida digna y dignidad humana; y uno de cada diez el derecho a la seguridad social. Todas, se vienen a sumar (o seguramente hacen parte de) a los tres millones de colombianos en la zona rural y un millón y medio en las zonas urbanas que no tienen agua potable.En el mismo sentido se pueden considerar la creación de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, o la Fiscalía. Son entidades con muy buenos resultados, pero cuyas gestas aparecen diluidas por una personalización del poder o por decisiones alejadas del bien común que hoy llevan a cuestionamientos sobre los que muchos exigen reformas o incluso su desaparición. No en vano van más de 40 reformas en que los propósitos descentralistas, los que buscaban fortalecer la justicia y hacer valer el equilibrio de poderes, o erradicar las distorsiones del excesivo presidencialismo, van a tener que esperar a una nueva Constitución. Por que si somos realistas, debemos aceptar que 25 años después no tenemos una democracia más sólida, ni vivimos en una sociedad más pacífica y respetuosa.