El colapso es moral

Julio 09, 2017 - 07:05 a.m. Por: Pedro Medellín

El Fiscal General de la Nación (FGN), Néstor Humberto Martínez, alertó sobre el colapso del sistema acusatorio en el país. Le preocupa la acumulación de más de 112 mil audiencias pendientes (17 mil de ellas para imputación de cargos), que crecen a una tasa bimestral del 10%.

Y la preocupación no es menor. Los datos acumulados entre 2009 y 2016, muestran que a la FNG entran 1 millón 200 mil denuncias, en promedio cada año. De ese total, el 45% son archivadas bien por inexistencia del hecho o atipicidad de la conducta, o bien porque la entidad reconoce la imposibilidad para identificar al responsable del delito o a la víctima. De los casos que continúan, el 12% llega a la etapa de imputación. Es decir, aquella en que la FGN reunió los elementos materiales probatorios de los que se puede “inferir razonablemente, que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga” (art. 287 Ley 906/2004). El 8% llegan a etapa de acusación que lleva a juicio a quienes vinculó formalmente a un proceso. El 7% de las denuncias termina en una condena efectiva. Y en el 5% de los casos se precluye la investigación o se dicta absolución.

El 68% restante engrosa la lista de los casos que se irán acumulando para congestionar el sistema. Esto significa que 2 de cada 3 denuncias que entran en la Fiscalía, al no avanzar en ninguna de sus etapa, van a congestionar la Justicia.

No es equivocado afirmar que, en materia judicial, más que un colapso, estamos ante un grave problema estructural. Por más leyes que se expidan o jueces que se nombren, nada se va a resolver si no atacamos los cuatro problemas, que hoy tienen a la Justicia en semejante situación:

1) No ha habido una política criminal que consolide el sistema acusatorio en el país, ni mucho menos una legislación que lo fortalezca. Así, por ejemplo, cuando Colombia optó por este sistema, lo hizo con el argumento de privilegiar la libertad y las garantías de los ciudadanos. Se trataba de ofrecer un sistema en el que, además, la negociación de penas evitaría la sobrecarga del sistema. Pero, más se tardaron el aparato judicial y el gobierno en montar el sistema, que el Congreso en expedir leyes que contradicen la intencionalidad con la que se había promovido la creación. En todos y cada uno de los momentos del sistema.

2) La cultura organizacional de la FGN es todavía muy frágil. Los fiscales y sus equipos de investigación no solamente no han comprendido completamente el cúmulo de exigencias conceptuales y procedimentales de un sistema acusatorio, ni tampoco han sido capaces de desconectarse de las presiones externas porque cada caso se resuelva con cárcel. Hay un miedo institucional a la negociación. Son miles de casos que se han podido evitar y miles de millones de pesos que se habrían dejado de pagar, si no se incurren en errores (muchas veces originados en la ley) que trasgreden los derechos de los vinculados a los procesos, incluida la pérdida de su libertad.

3) Todavía es escasa la provisión de jueces para atender un volumen tan alto de denuncias en la FGN. Incluso, son recurrentes los problemas de correspondencia en horarios de los jueces para atender los casos. No son pocas las quejas de la Fiscalía en el sentido de la escasa disponibilidad de los jueces para atender o evacuar los casos que lleva.

4) Vivimos un colapso moral que mantiene atrapados a jueces, fiscales y ciudadanos. Es quizá el principal problema: el que nos lleva a generalizar que todos los operadores judiciales son corruptos y proceder a su condena sin más. Pero al mismo tiempo nos hace preferir al abogado que a punta de artimañas jurídicas o dinero logra que la justicia no actúe.

Qué tal si antes de que expidan una ley que va a fracasar, comenzamos por promover un compromiso de “cero trampas a la justicia”. Ayudaríamos a resolver el problema, ¿o no?

VER COMENTARIOS
Columnistas