Desafiar la ley

De manera preocupante avanza la más peligrosa de las tendencias que se ha desatado en el país: el desafío a la ley. Ya no se trata de las pequeñas trampas que se hacían para evitar el cumplimiento de las normas establecidas para regular el uso del espacio público por parte de los ciudadanos (parqueo de los vehículos, disposición de basuras, contaminación visual y auditiva, higiene pública), o las que han expedido para evitar que se evada o se eluda el pago de los impuestos o el cumplimiento de los requisitos establecidos para ser beneficiarios de los programas de alimentación o asistencia social.

El problema se consideraba manejable, a pesar de que las cifras mostraban que solo uno de cada tres colombianos pagaba la totalidad de sus impuestos o que solo uno de cada cinco cumple con las reglas de tránsito, o –peor aún- más del millón de personas que, sin tener los derechos, están registradas y reciben los beneficios del Sisbén o de los programas gubernamentales como familias en acción.

Ahora el problema es mucho más grave: los ciudadanos están desafiando abiertamente el cumplimiento de la Ley. Primero han sido indígenas y campesinos que, con el argumento de exigir el cumplimiento de los acuerdos de La Habana o apoyados en el incumplimiento de los compromisos gubernamentales suscritos en el pasado, han decidido atravesarse a las acciones militares y de policía contra la incautación de coca o la captura de jefes de las bandas de narcotráfico, como ha sucedido en varios municipios del Cauca, en la región del Catatumbo o en el bajo Cauca antioqueño.

En la veintena de casos reportados, el procedimiento ha sido muy similar: ante la acción de los militares o policías en su lucha contra el narcotráfico o contra alguna otra expresión delincuencial, los pobladores reaccionan armados con piedras, palos y machetes (o incluso rociando con gasolina los vehículos que transportan a la Fuerza Pública), para luego quitarle de las manos a las autoridades, la coca incautada o los delincuentes capturados en el operativo. De ahí en adelante, ante la imposibilidad de actuar por la fuerza ante los pobladores, militares y policías, prefieren regresar por donde habían venido. El resultado no puede ser distinto: seguramente sin que sea su propósito, los pobladores han dejado sin legitimidad a la acción ejercida por la Fuerza Pública en su lucha contra el delito.

Ahora, el problema está en que, guardando las proporciones del caso, en los grandes centros urbanos del país, está comenzando a ocurrir un desafío similar. Ante la exigencia legal de aplicar el Código Nacional de Policía, que entre otras cosas multa el uso indebido del espacio público (como las ventas de alimentos y bebidas sin las autorizaciones respectivas), los pobladores están empezando a obstaculizar la acción de la Policía para el cumplimiento de la ley.

Todo arranca en Bogotá cuando un joven empleado que salía de su trabajo, fue multado con $800 mil pesos por comprar una empanada a un vendedor ambulante no autorizado para la venta de alimentos en el espacio público. Eso es lo que establece el Código Nacional de Convivencia.

¿Quién dijo miedo? Muchos ciudadanos, convencidos de que se trata de un atropello, han salido en defensa del comprador de la empanada y la han convertido en un símbolo de abuso del Estado. No caen en cuenta que se está buscando corregir una acción ilegal (ventas no autorizadas en el espacio público), ni tampoco que se trata de una medida de prevención para la salud pública (pues muchas de esas ventas no se realizan con las exigencias mínimas de higiene), ni mucho menos que detrás de esa acción se están combatiendo organizaciones delincuenciales que utilizan a los mismos vendedores para la distribución o venta de armas o drogas en las ciudades.

Nadie está viendo que se trata de un esfuerzo por mantener el orden, que poco a poco se va de las manos, sin que se comprenda que las consecuencias pueden ser peores. Sabemos dónde comienza, pero no en donde va a terminar.