Debían estar agradecidos

“Ya es hora de que el país escuche a sus jueces”. Ha dicho el Fiscal General, cuando se le interrogó sobre cómo veía la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Y la destapada fue total y sorprendente. Martínez Neira desveló la chapuza que se había hecho en la confección de la JEP.Lo primero que puso en conocimiento el Fiscal General es que, por accidente, conoció el proyecto de Ley de Amnistía en el que se incluía como delito de lavado de activos como conexo al delito de rebelión. No era otra cosa que un vulgar camino para legalizar el patrimonio ilícito que se había acumulado como producto del narcotráfico, el secuestro o la extorsión durante décadas de conflicto armado. Y se supo por accidente. Con este ‘accidente’ quedaba en evidencia no sólo que el Jefe del Estado y el equipo negociador habían consultado a todo el mundo, menos a los operadores judiciales, quienes en su momento habrían podido advertir de las chapuzas y desproporciones en que estaba cayendo el equipo de juristas que estaba negociando la JEP en nombre del gobierno. Lo peor, es que también quedó en evidencia que en no pocas ocasiones Magistrados, Jueces y Fiscales en enviaron todo tipo de propuestas y consideraciones de lo que debería ser materia de la JEP o de sus consecuencias sobre la existencia del Estado de Derecho, pero en ningún momento fueron escuchados. Es más, el aplaudido y sacrificado Humberto de la Calle en su momento dijo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que quisieron poner su granito de arena, que todo estaba cerrado y acordadoLa segunda afirmación trascendente del Fiscal es que con los contenidos y alcances que se le da a la Jurisdicción Especial de Paz, se está refundando el Estado de Derecho. Esto es, que en virtud de los acuerdos se están alterando todas las condiciones de seguridad y garantías que el Estado de Derecho le confiere a los ciudadanos, bien sea los que ya hayan sido procesados y juzgados con el sistema, en términos de las garantías de la cosa juzgada; o bien con respecto a los derechos que tienen las víctimas con respecto a su comparecencia o no ante la JEP; o las responsabilidades judiciales que tienen quienes en calidad de terceros (bajo coacción) han contribuido a la acción de los grupos armados. Aquí el Fiscal está comenzando a hacer un importante llamado con respecto a los problemas de improvisación, precipitud, vacío judicial o interinidad en que está dejando la JEP a la administración de justicia en el acuerdo y cuya resolución solo pueden llevar a duras confrontaciones que pueden hacer de la paz, flor de un día. Los ejemplos que dio fueron muchos y contundentes.Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuál ha sido la respuesta de los defensores de los Acuerdos frente a esta posición? Por ejemplo, la columnista de Semana María Jimena Duzán, ha dicho que “de buenas a primeras [Martínez Neira] se ha convertido en el gran inquisidor del sistema de justicia transicional alebrestando a la Rama Judicial”, como si se tratara de una acción fraguada para hacer fracasar el esfuerzo del presidente Santos. No tardaran en interpretar su intervención como una salida para facilitar la cercanía de Vargas Lleras con Uribe.Es evidente que en este y otros casos, sobre los que el Fiscal y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (cuya carta analizaremos próximamente), están poniendo sobre la mesa problemas reales y anticipando problemas que van a producir una crisis de proporciones en el país. Más bien, habría que agradecerle al Fiscal, por ayudarle a la gente a abrir los ojos y ver que no todo en los acuerdos es dicha y prosperidad. Por lo menos que entiendan que, así como en su momento los paras y los políticos quisieron refundar el Estado colombiano en el Pacto de Ralito, ahora son los guerrilleros y el gobierno los que quieren refundar el Estado de Derecho en el Pacto de La Habana.