De homenajes y superpoderes

El presidente Santos no para de recibir homenajes y premios por haber logrado terminar con 52 años de guerra en Colombia. Lleva más de 10 días en Europa, y allí donde llega es recibido con todos los honores. Incluso este sábado, recibió el premio Lámpara de la Paz, un reconocimiento asimilado como el ‘Nobel’ católico de la paz, en la ciudad de Asís en Italia, un pequeño pueblito de la región de Perugia, conocido por haber sido la cuna de San Francisco y Santa Clara. Sin duda el templo mundial del catolicismo.Sin embargo, el más importante premio fue el que recibió de parte de la Corte Constitucional de Colombia. Envuelto en papel de pergamino, el viernes pasado los magistrados decidieron declarar exequible el “procedimiento legislativo especial para agilizar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, así como determinar los criterios que le permiten al gobierno salvar la “refrendación popular” votada por el Congreso. Y es un premio, porque no puede entenderse de otra manera que la Corte Constitucional, para evitarse declarar la inconstitucionalidad del procedimiento de refrendación de los acuerdos, que se había inventado el pasado 29 y 30 de noviembre, se haya inventado la fórmula de que sea el propio Congreso el que decidiera si ese mecanismo de participación ciudadana había cumplido con su cometido o no, para la implementación de los acuerdos. El esfuerzo creativo no fue menor. Los magistrados decidieron que una vez que un “órgano revestido de autoridad democrática” interpretara y desarrollara de “buena fe”, los resultados de un proceso de participación ciudadana directa (para nuestro caso el plebiscito del 2 de octubre), podía decidir si ese proceso terminaba por haber cumplido con su cometido. Con semejante prueba de imaginación constitucional, la Corte le entregó al Congreso la facultad de decidir si la refrendación popular de los acuerdos con las Farc había cumplido con su cometido o no. Es decir, que la Corte renunció al mandato constitucional de decidir si un acto del Congreso se ajustaba a la Constitución o no. Y más grave aún, por complacer al poder presidencial, la Corte resignó el mandato constitucional de decidir si un procedimiento seguido por el Congreso era exequible o no, renunció a hacerlo, para que fuera el propio imputado el que decidiera si su actuación había sido correcta o no. En sus 25 años de historia, nunca una Corte había abdicado su competencia para cederla a quien se le cuestionaba haber transgredido el orden constitucional. Pero ese no sería el único regalo que los magistrados entregaron a Santos. El verdadero premio gordo consistió en avalar la entrega de superpoderes al Presidente de la República. Por una parte, para expedir decretos con fuerza de ley que considere necesarios para la implementación de los acuerdos con las Farc. Y por otra, para que el gobierno asuma la iniciativa exclusiva de presentar las leyes que el Congreso debe expedir, así como la competencia absoluta de aprobar o rechazar algún ajuste o corrección a las leyes que propongan en el Senado o la Cámara. Así, el Presidente queda con un poder institucional que nunca en la historia había tenido. No solo expide los decretos que necesita, sino que las leyes del Congreso dependen exclusivamente de él. Hace apenas unos meses, nadie podría siquiera imaginar la envidia con la que el venezolano Nicolás Maduro debe estar observando la entrega de estos poderes a su colega colombiano, el presidente Santos. Nunca, en Colombia, el ejecutivo había sido revestido de semejantes superpoderes. Para la Corte fue la manera sencilla de resolver lo que los defensores de las reformas llaman las ‘tensiones irresolubles’ entre la protección de la Constitución y la búsqueda de la paz. Habrá que esperar la fecha de entrega del premio, para aplaudir al Presidente y agradecer a la Corte.