Cristo José

Si no ocurre nada extraordinario, un niño de sólo cinco años estará pasando la barrera de las 96 horas que lleva secuestrado. Es Cristo José Contreras, hijo del Alcalde del municipio de El Carmen, en Norte de Santander, en donde fue interceptado a la entrada su colegio, por dos hombres que se desplazaban en una moto.

Es el ejemplo más duro y contundente que se puede dar sobre el tipo de violencia que está acosando a los colombianos.

El Carmen es un municipio eminentemente rural y uno de los que están siendo más duramente castigados por la guerra que libran el EPL y el ELN en la región del Catatumbo por el control territorial de extensas zonas sembradas de coca en una porción difícil de calcular. Una confrontación que ha llevado a que los municipios del Catatumbo enfrenten vivan una crisis humanitaria de graves proporciones, que tiene en los niños a sus mayores víctimas.

El problema ha llegado a tal magnitud que, según los reportes de prensa, en los 10 meses que va corrido de este año cerca de 50 mil niños y niñas han sido afectados por las acciones armadas en la región. Y como lo informó la cadena Caracol, en ese periodo de tiempo, “se ha reportado un número récord de 26 minas y municiones sin explotar cerca de las aulas escolares. 3400 estudiantes fueron obligados a suspender las clases como resultado de esta grave violación”.

La complejidad de la confrontación no debería sorprender a nadie. En varias ocasiones la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo sobre el deterioro de la situación. En abril de este año, cuatro semanas después de la declaratoria de guerra por parte del EPL, esa entidad volvió a insistir diciendo que “desde finales de 2017 se presenta una disputa entre los miembros de las dos estructuras armadas que han copado los espacios dejados por las Farc en la zona. La reconfiguración de la dinámica armada en el territorio ha conllevado especialmente, desde enero de 2018, varios hechos de violencia con afectaciones directas sobre la población civil generando desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad, enfrentamientos con interposición de la población civil e impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación”.

Sin embargo, el gobierno y las Fuerzas Armadas parecen desbordados por la situación. Es claro que no han sabido reaccionar con rapidez y eficiencia ante un hecho tan grave como el ocurrido. No lo escribo sólo por el confuso manejo que se le dio a la información sobre su supuesta liberación en un corregimiento del municipio de Convención, sino también (y por sobre todo) por la reacción que ha asumido el propio Presidente de la República, quien ha salido a alimentar la innovadora cadena de ‘soluciones’ del tipo ‘cárcel perpetua’ para secuestradores de menores.

Más bien, el gobierno debe acelerar y profundizar las acciones que aseguren la retoma del control territorial de la región del Catatumbo por parte de la Fuerza Pública. Y que eso esté apoyado por una acción más decidida y ordenada de las distintas instituciones del Estado. La situación no da mucha espera. Y el Estado recupera su soberanía en la región o la recupera. No hay más alternativas.

Por fortuna, la presión nacional e internacional por la liberación de Cristo José aumenta muy rápidamente. Esperemos que las circunstancias se desenvuelvan de tal manera que se permita el regreso a casa, sano y salvo, del pequeño hijo del alcalde Contreras.

Pero no se debe olvidar que aún con su regreso de este niño, todavía quedan otros miles expuestos al rigor de un conflicto que solo amenaza con cegar sus vidas. El Presidente debe tener claro que esto no se resuelve con leyes populistas. Que debe tomar las decisiones que la situación exige. El pulso no le debe temblar.