Como si el tiempo no pasara

“No podemos desconocer, que la ciudadanía en general está desconfiando profundamente de todo el Estado en su conjunto, de las distintas autoridades y los funcionarios públicos, en su capacidad para ejecutar los recursos de manera ágil, eficaz y transparente”. Esta afirmación, con la que el ministro de Interior Juan Fernando Cristo instalaba un nuevo encuentro nacional de gobernadores, no solo parecía sugerir una nueva etapa en las relaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales. También una mayor conciencia sobre la necesidad de restablecer la confianza pública, sobre todo porque el tema del encuentro era la implementación territorial de los acuerdos con las Farc. Los gobernadores llegaban con expectativas por una mayor presencia en el proceso. Como se recordará, los gobernantes territoriales no fueron invitados a participar en la definición (y mucho menos en la adecuación) de las zonas veredales y de los campamentos que acogerían a las Farc. Y pese a que el Presidente se había resistido a abrir cualquier espacio de participación y decisión a gobiernos departamentales o locales, los evidentes problemas de gestión en la implementación de los acuerdos le hicieron pensar a los gobernadores que finalmente Santos se vería forzado a hacerlo. Por lo menos, a consultar las alternativas de solución a los problemas. Hasta ahora, todo el proceso de implementación se ha desenvuelto dentro del más puro espíritu centralista. Y las consecuencias ya están pasando factura. Las presiones por una acción más eficiente y coordinada del gobierno en el territorio que empiezan a ejercer los negociadores de las Farc, ya no solo se quedan en el gobierno nacional, sino que bajan a los gobiernos territoriales. Una sensación de inestabilidad e incertidumbre en que se encuentra la implementación de los acuerdos, se extiende por el territorio haciendo cada vez más evidente la fragilidad del proceso.Todo apuntaba para un cambio en el modelo de relaciones intergubernamentales para la paz. Pero no. Al final del encuentro solo declaraciones grandolicuentes y el anuncio de que llegarían más recursos de regalías a los territorios para inversiones en vías terciarias. Pero sobre la mayor participación de los gobernadores y los alcaldes en la implementación de los acuerdos, nada. Y sobre la posibilidad de que los territorios asumieran un papel más relevante en la implementación, pues menos. Era como si el tiempo no pasara. Como si los reportes sobre los problemas de gestión de las medidas para avanzar en la implementación de los acuerdos no hubiera ocurrido. Como si en los territorios, en proceso no estuviera estancado.Mientras tanto, en los que fueron “teatro de operaciones” el clima de tensión crece. Por un lado, las Farc reclaman que el gobierno no está cumpliendo con sus compromisos y que el riesgo de ataques aumenta. Por otro, el Presidente y sus ministros, metidos como en una burbuja en el mismo discurso contradictorio de que “desde los escritorios de Bogotá, no es posible lograr la paz”, pero cuando tienen que descentralizar las decisiones y la aplicación de los recursos, se les olvida. Y no se dan cuenta que el proceso comienza a fracturarse. Por eso, en la mitad están gobernadores y alcaldes viendo cómo se degradan las condiciones de estabilidad política y social en sus territorios, y cómo aparece la posibilidad de que la guerra con las Farc regrese.Por más que el Gobierno sea consciente de que la “ciudadanía en general está desconfiando profundamente de todo el Estado en su conjunto”, no hay nada que le permita reaccionar. Por lo visto en el encuentro, las vanidades de los funcionarios del gobierno nacional, superan la necesidad de darle viabilidad territorial a un proceso que ya ha tenido un elevadísimo costo para la institucionalidad jurídica del país.