Claro que deben pedir perdón

El viernes 6 de noviembre, cuando se cumplían 30 años de la toma del M-19 al Palacio de Justicia, los colombianos recordamos el dolor y la angustia que durante dos días se tomó al país. Una acción absurda, en los propósitos y los cálculos del M-19, puso a todos ante el asesinato aleve de un centenar de personas, entre las que se encontraba lo más brillante y pulcro de la Justicia colombiana.Y este viernes en el que se conmemoraba el 30 aniversario de semejante masacre, los colombianos vimos en televisión una entrevista al general (r) Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión por la desaparición de cinco personas. Luego conocimos un comunicado de la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín. Guardando las proporciones de cada caso, en ambas intervenciones, cada uno a su manera, hizo explícita su intención de no pedir perdón por sus actuaciones durante la toma del Palacio de Justicia.El general (r), Arias Cabrales argumentó que no tenía por qué pedir perdón pues muchas veces “en el fragor del combate se producen excesos que son propios de una situación de esta naturaleza”. Por su parte, la exministra Sanín argumentó que “después de haber revisado los hechos, su memoria y su conciencia, había llegado a la conclusión que no tenía por qué pedir perdón”. Consideró que su actuación había sido correcta y conforme a los principios institucionales.El General (r), está en lo cierto al afirmar que “en el fragor del combate se producen excesos que son propios de una situación de esta naturaleza”. Tanto que la legislación penal internacional comprende la complejidad inmersa en “el fragor del combate”, hasta un punto tal que considera que esos excesos (que podrían incluso comprender asesinatos del opositor) pueden ser amnistiables o indultables.Pero lo que olvida el general (r) Arias Cabrales, es que se le condenó por desaparición forzada de personas, en hechos por fuera del combate y con población civil protegida (es decir, población no combatiente). Y en ese sentido está en la obligación de pedir perdón por la forma en que procedió, en el ejercicio de sus responsabilidades institucionales y por las consecuencias que tuvo en la vida de civiles inermes. Por su parte, la exministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, también debe asumir la responsabilidad por las decisiones que como jefe de esa cartera tomó ese día. Es evidente que al restringir cualquier tipo de información pública sobre lo que estaba aconteciendo en el Palacio de Justicia, no sólo privó a los colombianos del derecho a estar informados, sino que también (y sobre todo) pudo ofrecer condiciones ideales para que policías y militares pudieran proceder de la manera desproporcionada como lo hicieron. Dentro de las muchas conjeturas que se podría hacer sobre la toma del Palacio, se podría decir que si los medios hubieran estado con libertad de información, seguramente muchas de las personas que salieron con vida del Palacio, no habrían podido ser fácilmente desaparecidas. De manera que por distintas razones, pero sobre todo por la responsabilidad institucional de la que estaban investidos, Arias Cabrales y Sanín Posada, han debido pedir perdón por haber procedido de una manera equivocada los días 6 y 7 de noviembre de 1985.No se trata solo de un asunto de conciencia interior, en el sentido de “haber procedido según las propias convicciones”. El problema está en la responsabilidad política e institucional que se debe asumir. Negarse a pedir perdón, por más argumentos morales que se expongan, es un mal antecedente para que los guerrilleros de las Farc entiendan que es una condición básica para su reintegración a ejercicio de la ciudadanía. No tienen más opción.