Además de derechos, hay deberes

Mayo 09, 2016 - 12:00 a.m. Por: Pedro Medellín

El hecho no tiene precedentes. La Fiscalía General de la Nación expidió la Directiva 0007, en la que prohíbe a sus fiscales cualquier citación a periodistas para que hablen de la información y las fuentes que manejan en las investigaciones que adelantan sobre la comisión de delitos penales. Según el fiscal general (e), Jorge Perdomo, solo en situaciones muy excepcionales se podrá citar al periodista. “Las citaciones a periodistas están proscritas por regla general y esto se extiende para dar seguridad jurídica a la relación entre la fuente y los reporteros”.Sin embargo, la que podría ser una muestra de ‘vocación democrática’, la protección de los derechos de los periodistas a mantener la reserva de su fuente o investigaciones, podría constituir un riesgo para quienes creen que tener una tarjeta de periodista o escribir una columna de opinión en un periódico es una patente de corso para decir lo que se le ocurra sobre cualquier situación o ciudadano.Y ese riesgo es real en un país en donde los medios de comunicación ha ido llenando el vacío que han dejado los políticos y los jueces, los periodistas y (sobre todo) columnistas se han convertido en una especie de poder institucional. Cada vez es más habitual ver cómo, sin fundamento distinto a su intuición o a los rumores, juzgan lo que es correcto y lo que no; examinan la moral de las personas y le dan un valor; definen que se necesita y que no. Y lo peor, es que no tienen problema en señalar culpables y emitir condenas sin que medie un proceso judicial. Es una de las consecuencias de promover un régimen que privilegia los derechos por encima de los deberes. La gente, en particular periodistas y columnistas, creen que solo son titulares de derechos y no de deberes. Por eso, convencidos de tener un poder efectivo, se han sentido con la autoridad para llamar ‘rata’ a un Magistrado al que todavía no le han podido probar actos de corrupción; para hacer denuncias basados en suposiciones; o para acusar la connivencia de un ciudadano con el delito por sus vínculos familiares o laborales con alguien que es acusado de un hecho corrupto, sólo por sus simpatías políticas o sus creencias religiosas. Y cuando se les cuestiona su actitud o se les exige que demuestren lo dicho, reaccionan diciendo que se está atentando contra la libertad de prensa. Claro que en Colombia la corrupción se ha extendido de una manera cada vez más incontenible. Pero la labor de los periodistas no es la de sustituir a los jueces, sino de informar sobre los hechos y los posibles responsables. Y los colombianos tienen el derecho a ser informados y los periodistas a realizar su trabajo protegiendo las fuentes. Esos son derechos sagrados que debemos hacer valer como el más preciado de los valores. Pero también es cierto, que los periodistas tienen el deber de hacer su trabajo de acuerdo a los más rigurosos procedimientos. Y esos, por rigurosos son inviolables, tanto en los contenidos como en las fuentes. Y las autoridades, especialmente fiscales y jueces, deben tener en estos trabajos un soporte fundamental para sus actuaciones.Los periodistas y columnistas deben entender que más que un poder efectivo, tienen una responsabilidad mayor: garantizar que los ciudadanos sepan lo que está sucediendo y por qué. No se pueden esconder detrás del derecho a la reserva, para hacer acusaciones infundadas y cuando se les requiera, evadan la obligación de concurrir ante las autoridades para sostener lo que afirma. Todos los ciudadanos tienen la obligación de presentarse ante las autoridades cuando sean citados. Su profesión no les da ninguna condición de superioridad frente a otros ciudadanos. La Directiva 0007 de 2016, no sólo impone un límite a los fiscales. También a los periodistas les impone el deber de ser rigurosos con la verdad.

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