¿Acabará la sociedad del fraude?

En el momento en que el Gobierno anuncia la puesta en marcha de la Ley Estatutaria de la Salud, que refuerza el carácter de derecho autónomo y la dignificación de los pacientes, un informe de la Unidad Investigativa de El País, muestra la otra cara de la moneda. La existencia de una red en torno a las ambulancias que diariamente defrauda al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, con falsos pacientes de accidentes de tránsito. Esta red no solo se aprovecha de los conductores que los dejan pasar, sino sobre todo de las necesidades y del hambre de los más pobres para lucrarse.

Según la investigación “los mismos pacientes revelaron que los empleados de las ambulancias se van a sectores vulnerables de la ciudad y consiguen jóvenes necesitados para lijarlos, presentarlos como caídos de motocicletas y por eso les pagan entre $40.000 y $50.000, mientras la ambulancia le cobra a la clínicas $140.000; lo que ya se conoce como el ‘cartel de la lija’”.

¿Cómo es posible que un ser humano, a cambio de un dinero, permita que le ‘lijen’ su piel? O, lo peor, ¿cómo es que alguien pueda estar dispuesto a ‘lijar’ a otro, hasta hacerle daño, por ganarse unos pesos?

Si se acepta que 1 de cada 3 ambulancias que circulan por Cali llevan un paciente falso de accidente de tránsito, el problema adquiere en una dimensión estratosférica. Son miles de millones que se mueven en una red que también involucra a agentes de tránsito, policías, taxistas, paramédicos y personal de clínicas y hospitales que logran ‘convertir’ a los accidentados de distintos hechos, en accidentados de tránsito.

La razón es simple, para una empresa de ambulancias recurrir al Soat es rentable porque “por un traslado en ambulancia le dan $40.000 o $50.000 y esa factura la pagan a 90, 120 y hasta 150 días y muchas veces devuelven la factura; en cambio el Soat paga mucho más y en 30 días está la plata completa”.

Es el fraude en el que incluso también incurren los pacientes. Según los aseguradores, anualmente se rechazan cuentas presentadas irregularmente bajo este sistema, por $80 mil millones. Y si se calcula que solo es detectada una de cada tres que se pagan, el fraude sobrepasaría los $240 mil millones al año en todo el país.

El problema es que se trata de una conducta corrupta cada vez más generalizada. Además de los llamados ‘cambiazos’ de pacientes con los que se defrauda al Soat, el sector también está afectado por prácticas ilegales que involucran a la industria farmacéutica, las clínicas y hospitales, las asociaciones de pacientes y a los aseguradores. Cada uno en mayor o menor proporción tiene su cuota de responsabilidad en esta especie de cultura de la trampa, que se ha diseminado como si se tratara de una cultura de la supervivencia.

La utilización de pólizas falsas de salud; facturas cobradas por servicios no prestados; la prestación de servicios innecesarios; los subregistros en las deudas con las clínicas o la sobrefacturación en las cuentas con los proveedores; los cobros que superan el valor que se cobra en otras clínicas y hospitales por el mismo procedimiento; o promover el consumo de medicamentos muy costosos sin necesitarlos, entre otras, se constituyen en prácticas muy difundidas en el sector.

Es evidente que con este panorama, no solo está amenazada la sostenibilidad de la salud en el país. También es claro que el esfuerzo por reforzar la salud como un derecho constitucional y el reflejo de la dignidad que se le confiere a los individuos, pasa por expedir una Ley que garantiza la cultura de los derechos, pero sobre todo por un control y una regulación que asegure que todos asumen una cultura de los deberes. De lo contrario, ninguna ley será suficiente.