Un disparate tras otro

Febrero 05, 2012 - 12:00 a.m. Por: Patricia Lara

Con el respeto que merece la Justicia, digo que es un disparate la orden impartida por el Tribunal Superior de Bogotá que obliga al Ejército a pedir perdón, en acto público en la Plaza de Bolívar, por “los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985”, a raíz de su reacción ante la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por el M-19. Y lo es porque el deber de los tribunales es evaluar pruebas y proferir sentencias, no hacer las veces de confesores que imponen penitencia. (La figura del perdón se usa en instancias internacionales y se aplica a los Estados).En este caso, el Tribunal ha debido limitarse a confirmar o a echar para atrás la condena contra el coronel Alfonso Plazas Vega por la desaparición del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera, y de la guerrillera, Irma Franco, quienes salieron con vida del Palacio. Si hay pruebas que demuestren su culpabilidad, debía condenarlo; y si no, debía absolverlo. Ese es un delito grave y concreto -la desaparición forzada de personas-, no una culpa difusa (abuso, exceso) con autor colectivo (Ejército, Fuerzas Armadas).Para argumentar el disparate, el Tribunal acude a otro: que el Ejército debe pedir perdón, porque “el propósito de los comandantes que dirigieron (…) la operación era la supresión física de los combatientes”.Eso me recuerda a mi abuela, liberal, una santa, quien en la época de la violencia partidista se compungía porque el confesor, godo, no le daba la absolución: su pecado era soñar con matar al jefe conservador, Laureano Gómez. En cambio, cuando el confesor era liberal, llegaba feliz, absuelta y comulgada.¡Por Dios! ¿Si fuera cierto que los comandantes querían “la supresión física” de los guerrilleros, eso es un delito? ¿El delito no sería suprimirlos? En ese orden de ideas, todos los seres humanos, quienes en virtud de los complejos de Electra o Edipo pasamos los primeros años de nuestra vida deseando inconscientemente la eliminación de nuestro progenitor del mismo sexo, ¡deberíamos ser obligados a pedir perdón! Por favor, señores magistrados, ¡no pueden condenar al Ejército, 26 años después, al escarnio público, por haber albergado un supuesto deseo!Otro disparate del fallo es la petición a la Corte Penal Internacional, que está vigente desde el 2000, para que investigue al expresidente Belisario Betancur por la retoma del Palacio, ocurrida en 1985. En este caso, como en ninguno, puede haber retroactividad al aplicar una ley. Además, la Corte Penal Internacional juzga a criminales de guerra y responsables de delitos de lesa humanidad, cuando las justicias locales no han querido o no han podido investigar y sancionar esas conductas. Y no sólo Belisario Betancur no es criminal de guerra, sino que la Justicia colombiana sí opera. Si no fuera así, no habría condenas por la contra toma del Palacio.Por último, el mayor de los disparates es la inoportunidad del debate: no hay derecho a que cuando el país está restañando heridas y eligió como alcalde de Bogotá a un antiguo guerrillero del grupo que a sangre y fuego se tomó el Palacio, el Tribunal las abra de nuevo de esa forma tan torpe. Ha debido limitarse a fallar el caso del coronel Plazas. Y este juicio ha debido ocurrir hace más de 20 años, cuando estaban recientes los hechos. ¡Es que la justicia, si no es pronta, fácilmente convierte en injusticia!

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