¿Quién lo entiende?

¡Qué difícil es entender al presidente Duque!

¡Es incomprensible que haya embarcado al país en esta incertidumbre institucional y en estas eternas discusiones jurídicas sin sentido sobre sus objeciones a seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP)!

¡Su actuación se hace más incomprensible si se tiene en cuenta que, después de meses de desgaste, de polarización y de pérdida de tiempo, la realidad lo devolverá al mismo punto de partida, porque la Corte Constitucional se reafirmará en su posición y la ley estatutaria quedará intacta!

¡Y su acción se torna todavía más difícil de comprender porque fue efectuada después de que muchos columnistas y dirigentes políticos le advertimos los efectos negativos que tendría!

Entre ellos, los siguientes:

1. Que Duque perdería gobernabilidad pues se realizarían múltiples protestas contra el gobierno y la mayoría de los partidos se alinearían contra él. Ya lo anterior ha ocurrido: ha habido nutridas manifestaciones de protesta, y los partidos de la U y el Liberal anunciaron que, al igual que los de oposición, hundirán las objeciones.

2. Que se echaría encima la comunidad internacional y generaría malestar en la Corte Penal Internacional y en las Naciones Unidas. Ya el canciller Carlos Holmes Trujillo, así quiera disimularlo, regresó con el rabo entre las piernas de su visita a la Corte Penal y de su reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien destacó la importancia de la JEP y reiteró “las preocupaciones expresadas anteriormente por la ONU con respecto a la incertidumbre en torno a la adopción de la ley estatutaria”.

3. Que provocaría un choque de trenes y generaría malestar en la Corte Constitucional. Ya ha habido varias manifestaciones de juristas que así lo indican y, no obstante que la Corte fue prudente al inhibirse de contestar la consulta que le hizo el Presidente de la Cámara sobre si era pertinente que el Congreso estudiara las objeciones, ya dejó claro que sería ella la que tendría la última palabra.

4. Que incomodaría a centenas de militares que se han sometido a la JEP y que se sienten cómodos de estar siendo juzgados por esa instancia.

5. Que provocaría desconfianza e inseguridad jurídica en los desmovilizados muchos de los cuales, ante el miedo y la incertidumbre, y decepcionados con los incumplimientos del gobierno en lo que se refiere a los proyectos productivos, podrían sumarse a los desertores o incorporarse a las Bacrim. Sobre ese punto no hay datos todavía. Pero lo que sí se sabe es que la violencia va en aumento: han crecido los homicidios y las amenazas, y se han multiplicado de manera escandalosa las masacres.

Y no es difícil imaginar la razón: no es sólo porque el Estado no ha hecho la presencia debida en los territorios y porque las bandas armadas se disputan las rutas del narcotráfico, sino porque el Presidente y su gobierno, con su nuevo lenguaje y con sus actuaciones, han desestimulado el cumplimiento de los acuerdos de paz o, lo que es lo mismo, han estimulado la activación de la guerra.

¡Que todos esos efectos de la decisión de Duque de objetar la ley estatutaria de la JEP no los hubiera previsto, sería incomprensible!
Pero más incomprensible sería que el Presidente los hubiera previsto y, sin embargo, la hubiera objetado a sabiendas de que así estimularía el resurgimiento de la guerra!

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