La ley del garrote

La ley del garrote

Septiembre 24, 2017 - 06:50 a.m. Por: Patricia Lara

La amenaza que lanzó Donald Trump contra Colombia fue desconsiderada, injusta y grosera para con el país que más ha sufrido por hacerle caso a los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. Y ha sido precisamente por esa lucha, que jamás se va ganar a no ser que los gringos dejen de consumir cocaína o que el mundo la legalice de manera controlada, que durante los últimos treinta y cinco años, Colombia no solamente ha gastado billones de dólares, sino que ha visto asesinar a sus más brillantes líderes políticos, a sus más valientes periodistas, a sus mejores jueces y policías; ha padecido la corrupción de sus instituciones y el mal que a la sociedad le ha hecho la posibilidad de acceso al dinero fácil; y ha soportado que los habitantes de las zonas cocaleras se envenenen con ese glifosato cancerígeno que tenían que aspirar porque así lo mandaba el Tío Sam, y que se suspendió gracias a una sentencia de la Corte Constitucional.

Y a esa amenaza grosera, contenida en un memorando dirigido por Trump a su Secretario de Estado, en el que sostiene que “Estados Unidos está considerando seriamente designar a Colombia como un país que ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones bajo los compromisos internacionales antidrogas”, y en el que agrega que, “en última instancia, Colombia no está descertificada porque su Policía Nacional y sus Fuerzas Armadas son estrechos colaboradores de los Estados Unidos en el continente”, respondió con prudencia pero con claridad el vicepresidente, Óscar Naranjo, quien además ha sido uno de los generales que mayor confianza les ha generado a los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

En una entrevista con Yamid Amat, Naranjo les dijo cuatro cosas:

1. Que el aumento de las hectáreas cultivadas con coca se ha debido a tres factores: por una parte, a que durante las negociaciones de paz, las Farc propagaron la idea de que el Estado ayudaría a la gente que tuviera cultivos, y eso incentivó la siembra; por otra, a la devaluación del peso frente al dólar, que mejoró el negocio casi en un 40 %; y, finalmente, a que el precio del oro en el 2012 era altísimo, y mucha de la economía ilegal migró hacia él, pero luego cayó y se volvió a los cultivos ilícitos.

2. Que en Colombia no hay gobiernos paralelos: uno de militares y de policías, y otro civil. Que aquí los militares y policías hacen lo que hacen porque el Presidente lo ordena. Y que si el Gobierno americano valora lo que hacen los militares y policías, tiene que valorar lo que hace su jefe, que es el Presidente.

3. Que Colombia reconoce el aumento de las áreas de cultivo y no quiere entrar en discusión con Estados Unidos, sino trabajar conjuntamente con ese país para enfrentar el problema.

4. Que Colombia se merece la oportunidad de probar que, sin conflicto armado en los territorios, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que es un programa muy reciente, funciona.

Y por supuesto que Colombia se merece esa oportunidad. Así se lo dijo a El Espectador, Naoko Ishii, presidente de Global Environment Facility, uno de los principales fondos para la protección ambiental. “Este nuevo enfoque es muy importante. Se trata de buscar una solución integral que le preste mayor atención a la calidad humana, al bienestar social y al desarrollo sostenible, especialmente para favorecer a aquellas comunidades afectadas por la guerra.

El componente de salud pública allí incluido es clave”, afirmó.
Pero como a Trump le preocupan tan poco esos temas, por más que sus funcionarios hayan dado mensajes contemporizadores durante el reciente viaje del Presidente Santos, ¡estamos fritos!

Sigue en Twitter @patricialarasa

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