Conejo a las Farc

Después de que las Farc cumplieron su palabra, se desmovilizaron y entregaron sus armas para constituirse en partido y hacer política en la legalidad, la Corte Constitucional y el Senado aprobaron la Justicia Especial para la Paz con unas modificaciones que cambian sustancialmente ese acuerdo de La Habana que el gobierno y las Farc demoraron cuatro años en cocinar: en una solución muy colombiana, prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo, la Corte avaló que los jefes de las Farc sean elegidos de inmediato al Congreso, pero estableció que la JEP sea un tribunal de justicia especial que sólo opere para las Farc.
Eso significa que esos civiles que andan como Pedro por su casa (en su mayoría empresarios, ganaderos y narcotraficantes) en ciertas regiones del país donde es vox populi que ellos patrocinaron y financiaron a los paramilitares y los instigaron a que mataran a cualquiera que les pareciera colaborador de la guerrilla o tuviera pinta de indigente, ya no tendrán obligación de presentarse ante la JEP, sino que podrán hacerlo voluntariamente o no hacerlo y seguirán tan campantes por ahí, porque la ineficiente y corrupta justicia ordinaria, si ya no los pescó, tampoco lo hará en el futuro.

Ese tema es un punto de honor para las Farc porque para ellas es fundamental que quede claro algo que gran parte del país no ha querido aceptar, y es que las Farc no fueron las únicas malas del paseo sino que, además, hubo un montón de paramilitares, apoyados por civiles y militares, que aplicaron un remedio mucho peor que la enfermedad y que, para dizque luchar contra la guerrilla, cometieron miles de asesinatos selectivos y centenas de masacres de campesinos inocentes en las que practicaron las peores atrocidades -mutilaciones, violaciones y hasta desmembramientos con motosierras-.

Y el Senado, por su parte, aprobó la JEP pero inventó inhabilidades que afectan a casi la mitad de los magistrados elegidos, y que se refieren a que no podrán posesionarse en la JEP quienes en los últimos cinco años hayan sido defensores de derechos humanos o hayan representado a personas involucradas en el conflicto armado. Es decir que, en la práctica, se cerró la posibilidad de que los juristas expertos en derechos humanos, que es el tema que fundamentalmente estará involucrado en la mayoría de los casos que juzgará la JEP, no pueden hacer parte de ese tribunal. Por fortuna, todo indica que esas inhabilidades son inconstitucionales, porque tienen que ver con el ejercicio lícito de la profesión de abogado, y la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre el tema. Y también se espera que en la plenaria de la Cámara se caiga esa inhabilidad.

En todo caso, el panorama no es alentador para el proceso de paz el cual, para salir adelante, requiere del compromiso del Estado en pleno. Y si a lo anterior se añade la matazón de líderes sociales y de ex combatientes de las Farc, sin que la Fiscalía ni la Justicia muestren resultados, y sin que los organismos de seguridad frenen los crímenes, la situación se torna alarmante. Así lo demuestran las cartas que el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, cuya lectura recomiendo, les envió al presidente Santos y al Secretario de la ONU.

¡Ojalá Dios ilumine a los poderes del país para que no se tiren esta última posibilidad de paz! ¡Ojalá los haga darse cuenta de que el camino de la guerra, adoptado en los últimos 70 años, ha sido demasiado cruel, costoso y torpe!

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