No más corrupción, exigimos transparencia

La cifra es escandalosa: $13,67 billones se robaron en este país entre el 2016 y el 2020 en hechos de corrupción, según una investigación de Transparencia por Colombia, que identificó 967 casos reportados en 2026 notas publicadas en la prensa.

Y eso que no le hemos sumado lo de este año. Ahí esta fresquito el escándalo del contrato entre Mintic y Centros Poblados, que proponía llevar internet a regiones apartadas del país, pero que a cambio lo que se llevaron, y bien lejos, fueron los $70.000 millones del anticipo y vaya uno a saber qué más pasó en los siete años de contratos, que ascendieron a los $1.1 billones.

Tenemos también un historial vergonzoso con la plata de la salud y la educación. Recuérdese el cartel de la hemofilia en el que desfalcaron $86.000 millones con pacientes que resultaron falsos. O el cartel del sida que desapareció $210.000 millones. Y cuántas denuncias en distintas regiones con los desayunos, el plan complementario o los comedores escolares, como ocurrió en Sucre con sobrecostos en neveras por $16 millones, cucharas a $21.000, canecas de basura a $47.000 y tanques de plástico a $350.000.

O para no ir más lejos, el descarado caso del ex funcionario de la Dian, Omar Ambuila, a quien se le descubrió por las excentricidades de su hija Jenny, luciendo un Lamborghini y otros lujos, y quien fue capturado por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y presunto favorecimiento a contrabandistas, en la tan golpeada por la corrupción, Buenaventura.

Por casos como estos que nos estallan en la cara y nos indignan, es que nos preocupa tanto el destino de nuestros recursos. Porque no se trata de condenar a quien no ha sido juzgado, pero sí de alertar lo que puede constituir una amenaza y por ello exigir que haya absoluta transparencia y vigilancia imparcial y seria, antes que entregar por cuotas burocráticas y con el beneplácito de las asambleas y concejos el manejo de los organismos de control locales y regionales.

Fíjense no más: frente a los gastos de salud y atención durante la pandemia, la Procuraduría General de la Nación adelantó 522 procesos disciplinarios por irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías del país. En su momento se registró que en La Unión Valle se compraron tapabocas y overoles de bioseguridad, con un 66% por encima de lo normal. Entre las gobernaciones con contratos más altos apareció el Valle, con $37.775 millones. Y en las ciudades con sobre costos, Cali, con $5.740 millones.

Además, sigue la investigación de la controvertida Feria Virtual de Cali del 2020 y sus excesos, que tuvo un detrimento patrimonial de $5.281 millones y en la que no solo hubo hallazgos fiscales sino 10 penales y 38 disciplinarios que habrían sido enviados a las autoridades pertinentes para continuar el proceso. En cuanto al inoficioso alumbrado navideño 2020, que recorría las calles con caravanas de luces, cuando la ciudad estaba encerrada en el segundo y mortal pico del covid, se hicieron observaciones por $2.700 millones, por lo que Emcali y la Uaspem tuvieron que devolver al Distrito $1.400 millones. Dejo anotado que la contralora saliente, María Fernanda Ayala, dijo en entrevista a este diario que “Emcali es el sujeto de control más grande presupuestal y administrativamente. En las auditorías realizadas encontramos procesos de responsabilidad fiscal, desde el 2018, que superan los $395.000 millones”.

No son cifras menores y no son empresas privadas, son nuestros recursos. Entonces, no se molesten cuando pedimos cuentas claras y que haya una verdadera veeduría. Es apenas lo justo. Y más en un país donde no hay una sola semana en la que no se registre un nuevo caso de corrupción. 
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