La verdad del Procurador

Septiembre 20, 2012 - 12:00 a.m. Por: Paola Gómez

No se puede pretender que lo que uno piensa o profesa deba convertirse en un valor o regla universal. Y eso, más allá de otros asuntos que le tallan a la opinión pública en Colombia, es lo que fastidia de la posición del Procurador, Alejandro Ordóñez, quien ayer cumplió la orden que lo obligaba a rectificar sus declaraciones en materia sexual y reproductiva. De ñapa, en su alocución anunció que interpondrá un incidente de nulidad que invalide la sentencia que le obligó rectificar e hizo un llamado al Congreso para que tramite una Ley que regule el aborto.No vamos a desconocer los procesos que ha liderado Alejandro Ordónez y mucho menos los vallecaucanos, pues su Procuraduría profirió los fallos en contra de los controvertidos ex gobernadores Juan Carlos Abadía y Héctor Useche. Incluso, vimos cómo una de sus alfiles –quien también estuvo en la picota pública por cuenta del debate sobre el aborto– María Eugenia Carreño, lideró con gallardía el caso de participación indebida en política de Abadía, con un rigor inquebrantable.Hasta ahí todo muy bien. Pero de ahí a creer que al Procurador lo están persiguiendo, o que la Corte Constitucional quiere imponer su criterio porque sí, hay mucho trecho. No estoy de acuerdo con que el aborto sea una opción para interrumpir un embarazo, cuando simplemente “la embarré” o no hice bien las cuentas. Eso me parece ligero y muy cómodo, en una sociedad en la que es necesario cimentar valores como la responsabilidad como principio rector.Pero no, mil veces no, se le puede obligar a una mujer a tener un hijo cuando el mismo ha sido fruto de una violación, cuando sabemos que tiene graves malformaciones o cuando está en peligro la vida de la madre: tres salvedades de mucho peso. Lo grave en un país como el nuestro, y este caso claramente lo demuestra, está en olvidar que las cosas no son siempre blanco y negro. Entonces, por más radicales que seamos en nuestras posiciones, hay salvedades que merecen respeto. Eso es lo que le pedimos un gran número de colombianos al Procurador, cuya función es dirigir el “ente autónomo de control y vigilancia de la función pública del Estado”.Entonces, este insuceso debe sentar un precedente, más allá de polarizar al país en torno al debate eterno sobre el aborto. Lo que tiene que quedar muy claro es que el respeto es un deber de todos, y entiéndase todos como figuras públicas y no públicas. Con el agravante de que la opinión de una figura pública puede ser malinterpretada por muchos como ordenanza o dogma.Posiciones recalcitrantes y juicios a partir de lo que creemos verdad absoluta, sin derecho a escuchar las salvedades del otro, están mandadas a recoger en Colombia. Todos tenemos derecho a disentir, a opinar, pero no a pretender que nuestra verdad debe convertirse en valor o regla universal.

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