Zapatero a tus zapatos

Diciembre 17, 2011 - 12:00 a.m. Por: Paloma Valencia Laserna

La Reforma a la Justicia que adelanta el Congreso puede tener fallas, pero lo cierto es que ésta es la institución facultada para hacerla. Así las cosas, las opiniones que al respecto tengan los magistrados de las Cortes, el Procurador y la Fiscal, son interesantes; pero tienen la misma validez que los pronunciamientos que hace el Congreso sobre los fallos de las Cortes. De eso se trata la división de poderes; cada rama tiene sus funciones y el poder constituyente derivado está en cabeza del legislativo y sólo ésta rama es la llamada a reformar la Constitución. Se extralimitan los magistrados, el Procurador y la Fiscal al solicitarle intervención al Presidente, que tampoco es competente para tomar las decisiones que le corresponden enteramente al Parlamento. Parece, además, desmedido que clamen por la atención de la comunidad internacional; se trata de un proceso que cumple las normas democráticas -pues la Constitución prevé su reforma por el Congreso- y se hace con base a la legitimidad que ostentan los representantes elegidos por voto directo del pueblo. Además se trata de un asunto eminentemente nacional, donde para nada es deseable o aconsejable que extranjeros opinen.Conviene, por supuesto, analizar las críticas que esgrime la rama a reformarse, pues el debate siempre es capaz de enriquecer los proyectos y da luces sobre la dimensión que los cambios pueden tener; más aún cuando faltan todavía cuatro debates. Dicen los magistrados que esta reforma atenta contra la Constitución; el comentario parece redundante, pues es evidente que una reforma pretende precisamente aquello. Sobre el desequilibrio de los poderes que -dicen- ocasionaría la conformación de una Supercorte que se encargue de juzgar a todos los funcionarios con aforo, más bien parece que esta alternativa viene a superar el error fundamental que cometió el constituyente del 91 que le otorgó poderes en demasía a la Corte Suprema de Justicia. Hoy en día esa Corte juzga a casi todos los funcionarios, lo que ha ocasionado un desequilibrio evidente, perjudicando el sistema de frenos y contrapesos. La Supercorte integrada de forma paritaria por magistrados elegidos por el Congreso, el Ejecutivo y la Rama Judicial otorga un estamento de juicio neutral, superior y con representación de todas las ramas del poder. Además, esa Corte participa en la elección de demasiados poderes. En el caso de la Fiscalía se rompe el principio del derecho de que la función investigativa debe estar completamente escindida del juzgamiento. Sería sano que la Fiscalía tenga algún tipo de vínculo que le dé legitimidad democrática, de manera que se atiendan aquellos casos que son prioritarios para la ciudadanía. La elección del Procurador y el Contralor que a su vez son dueños de un inmenso poder nominador tiene que ser bien diseñada. No podemos seguir en ese carrusel de nombramientos -que el país conoce- donde muchos puestos en estas entidades son proveídos por componendas de quien tiene injerencia en el nombramiento de su cabeza. El poder nominador de las Cortes no es pertinente, pero tampoco soluciona el problema de fondo, el cambio hacia otra rama del poder. La reflexión sobre ese asunto requiere más profundidad y un análisis sobre los poderes y su equilibrio. Han señalado también preocupación sobre el hecho de que la Corte Constitucional se erija como órgano de cierre.La sugerencia era que cada Corte fuera superior en su área, aquello equivalía a decir que íbamos a tener tres constituciones; la unidad constitucional debe ser una sola, y es fundamental para ello que haya una sola Corte Constitucional, que determine los lineamientos a seguir.

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